- Gremios de Tarapacá, AII y APRIMIN alertan efectos del fallo ambiental sobre empleo, proveedores e inversión minera regional.
Gremios de Tarapacá, la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal y APRIMIN manifestaron su preocupación por los efectos económicos, laborales y productivos del fallo del Segundo Tribunal Ambiental que dejó parcialmente sin efecto la RCA del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
El pronunciamiento gremial instala una señal de alerta en el norte minero. La decisión judicial, vinculada a una iniciativa estratégica para la continuidad operacional de Collahuasi, generó reacciones desde el ecosistema empresarial regional y desde la cadena nacional de proveedores de la minería, que advierten impactos más allá de la planificación de una compañía.
La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal sostuvo que el fallo introduce incertidumbre sobre la certeza jurídica, la confianza inversionista y la continuidad de proyectos estratégicos para Tarapacá y Chile. El gremio recordó que el proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental favorable en diciembre de 2021 y que dicha aprobación fue ratificada en agosto de 2023 por el Comité de Ministros.
Desde esa perspectiva, la inquietud apunta al efecto que puede generar la revisión posterior de autorizaciones ambientales ya otorgadas por la institucionalidad. Para el sector productivo, este tipo de decisiones tensiona la planificación de inversiones de largo plazo, especialmente en regiones extremas donde la minería articula empleo, servicios, proveedores y actividad económica.
La AII también subrayó la relevancia de Collahuasi para la economía regional y nacional. Según la declaración del gremio, la operación genera cerca de 7 mil empleos directos e indirectos, además de casi 18 mil puestos asociados a toda su cadena de valor. A ello se suma la contratación de proveedores locales, encadenamientos productivos, contribución fiscal y dinamismo económico en Tarapacá.
La carta suscrita por diversos gremios y asociaciones regionales reforzó ese punto. Las organizaciones advirtieron que la actividad de Collahuasi impulsa una red que alcanza a pymes, emprendedores y servicios vinculados al comercio, transporte, logística, hotelería, gastronomía y turismo. También destacaron el aporte de la compañía a iniciativas deportivas, culturales y turísticas que movilizan visitantes y generan nuevas oportunidades para trabajadores y emprendedores locales.
El foco de preocupación gremial se concentra en el momento del proyecto. De acuerdo con la carta, la autorización ambiental fue obtenida en 2021 y hoy enfrenta una revocación parcial casi cinco años después, cuando las obras se encontrarían prácticamente finalizadas. Para los firmantes, esa situación genera una señal compleja para empresas que toman decisiones de inversión, contratación y prestación de servicios con alta anticipación.
La reacción también tuvo alcance nacional. APRIMIN, gremio que agrupa a proveedores industriales de la minería, planteó que el fallo no solo afecta a Collahuasi, sino que pone en riesgo la estabilidad del ecosistema proveedor. Su presidente, Ari Bermann, señaló que resoluciones de esta naturaleza tienen un impacto en cadena sobre trabajadores, empresas de servicios especializados y proveedores que planifican su operación con horizontes de largo plazo.
El gremio proveedor enfatizó que el cumplimiento ambiental y la participación comunitaria efectiva no están en discusión. Sin embargo, advirtió que el país requiere reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes para sostener inversión, innovación y empleo. En esa línea, APRIMIN planteó que Chile no debe contraponer sostenibilidad e inversión, sino asegurar ambas dimensiones mediante una institucionalidad moderna, predecible y eficiente.
El caso adquiere especial relevancia para Tarapacá, una región donde la minería convive con logística, energía, servicios industriales y comercio. El desempeño de proyectos de gran escala incide en proveedores locales, empleo formal, ocupación hotelera, servicios de transporte, alimentación, mantenimiento, ingeniería, seguridad, tecnología y actividades complementarias que dependen del ciclo minero.
Los gremios regionales llamaron a que el país entregue condiciones de certeza y estabilidad para inversiones responsables, especialmente aquellas con efectos significativos sobre el empleo, la actividad económica y la calidad de vida de familias vinculadas directa e indirectamente a la minería.
La AII, por su parte, solicitó a las autoridades competentes abordar con urgencia los efectos institucionales, económicos y territoriales que genera una decisión de esta naturaleza. El gremio sostuvo que Tarapacá necesita señales claras de respaldo a la inversión responsable, al cumplimiento normativo y a la continuidad de proyectos estratégicos.
La discusión queda instalada en un punto central para la industria minera: cómo compatibilizar protección ambiental, participación comunitaria, certeza jurídica y desarrollo productivo. Para Chile País Minero, el caso Collahuasi abre un nuevo capítulo sobre la relación entre institucionalidad ambiental, inversión minera y encadenamientos económicos en regiones donde la actividad extractiva sostiene parte relevante del empleo y de la actividad productiva.