• La obra busca llevar agua desalada desde Patache y elevar la capacidad de procesamiento de Collahuasi en Tarapacá.

El fallo del Segundo Tribunal Ambiental sobre el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” no solo abrió un nuevo capítulo jurídico para la minera. También puso en pausa una de las obras más relevantes para la continuidad operacional de la gran minería en Tarapacá: el Proyecto C20+, una iniciativa de infraestructura hídrica y productiva que ya presentaba un alto nivel de avance y que buscaba asegurar el futuro de la operación por las próximas dos décadas.

La sentencia, conocida el 15 de mayo de 2026, anuló la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental realizar un nuevo análisis acotado a materias vinculadas al medio humano y al medio marino. El Tribunal precisó que el nuevo examen debe abordar observaciones relacionadas con comunidades indígenas de Caleta Chanavaya, el uso del maritorio en Punta Patache y Puerto Collahuasi, además de aspectos técnicos de la captación de agua de mar, descarga hipersalina y plan de vigilancia ambiental.

La dimensión del proyecto explica por qué el caso tiene alcance económico, productivo y territorial. C20+ fue diseñado para incorporar agua desalada a la operación de Collahuasi, reduciendo el uso de agua continental y fortaleciendo la continuidad de una de las faenas cupríferas más relevantes del país. Según la propia compañía, la iniciativa contempla una planta desaladora de 1.050 litros por segundo, un sistema de impulsión de agua y adecuaciones eléctricas para transportar el recurso desde el sector de Patache hasta la operación minera ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar en la Región de Tarapacá.

En términos simples, el proyecto buscaba conectar el borde costero con la cordillera para sostener la operación minera con agua desalada. La infraestructura asociada incluye un ducto de gran extensión, estaciones de bombeo, piscinas de drenaje y sistemas eléctricos necesarios para llevar el recurso desde Puerto Patache hasta el distrito minero de Collahuasi, en condiciones geográficas de alta complejidad.

Techint E&C, empresa a cargo del sistema de transporte de agua, detalla que C20+ considera 195 kilómetros de ducto, cinco estaciones de bombeo, seis piscinas de drenaje y una estación de transferencia con capacidad de 49.000 metros cúbicos. La compañía también informa que el proyecto movilizaba actualmente a 4.200 personas, lo que refleja su impacto en empleo, servicios, logística y proveedores asociados a la construcción minera en Tarapacá.

El avance físico de la obra también es clave para entender el impacto del fallo. El Proyecto C20+ registra más de 99% de avance general y su objetivo era asegurar la continuidad operacional de Collahuasi hasta 2040. La iniciativa permitiría mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados, pasando de 170 mil toneladas por día a 210 mil toneladas por día, gracias a optimizaciones en la planta concentradora.

Ese dato instala el punto productivo central: C20+ no era solo una obra hídrica. También formaba parte de una estrategia para mantener y ampliar capacidad operacional en un distrito minero clave para la producción de cobre. La inversión reportada alcanza los US$3.200 millones y corresponde a un proyecto brownfield, es decir, desarrollado sobre una operación existente, con foco en continuidad operacional y mejora de activos.

Para Tarapacá, el alcance excede a la faena. La construcción y puesta en marcha del sistema de desalación e impulsión involucraba actividad portuaria, transporte, servicios industriales, mano de obra especializada, contratación local y encadenamientos productivos en comunas como Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica. En una región donde la minería tiene alta incidencia económica, la paralización o reprogramación de una obra de esta escala puede incidir en proveedores, empleo temporal, continuidad de contratos y planificación de servicios asociados.

El fallo no eliminó todos los aspectos evaluados. El propio Tribunal señaló que se mantienen vigentes aquellos elementos de la evaluación ambiental que fueron validados y que no fueron objeto de controversia. Sin embargo, al anular la RCA favorable, el procedimiento debe retrotraerse para un nuevo análisis sobre materias específicas, entre ellas medio humano, maritorio, consulta indígena si corresponde y evaluación del medio marino.

En ese contexto, el caso C20+ abre una pregunta central para la minería chilena: cómo compatibilizar obras estratégicas de agua desalada, necesarias para reducir presión sobre fuentes continentales, con estándares robustos de evaluación ambiental, participación indígena y monitoreo marino de largo plazo.

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