- Accionistas de Collahuasi solicitaron aclaraciones tras el fallo ambiental que anuló la RCA del proyecto por US$3.200 millones.
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi enfrenta una nueva etapa regulatoria luego de que Anglo American y Glencore solicitaran aclaraciones respecto del fallo del Segundo Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental favorable del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, una iniciativa estimada en US$3.200 millones en la Región de Tarapacá.
La decisión judicial, fechada el 14 de mayo de 2026, acogió una de las tres reclamaciones presentadas contra el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto. Según el Segundo Tribunal Ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá realizar un nuevo análisis acotado a observaciones vinculadas con la línea de base del medio humano y los impactos ambientales sobre el medio marino.
El caso adquirió mayor relevancia luego de que los accionistas de Collahuasi, entre ellos Anglo American y Glencore, activaran gestiones para precisar los alcances de la sentencia. La operación Collahuasi es una de las principales productoras de cobre del país y su proyecto de infraestructura buscaba fortalecer la continuidad operacional, ampliar capacidades y sostener el desempeño productivo de una faena clave para Tarapacá y para la minería chilena.
El fallo no ordena una reevaluación total del proyecto desde cero, sino que dispone retrotraer el procedimiento para revisar aspectos específicos. Ese punto resulta relevante para el debate minero, porque concentra la discusión en dos componentes sensibles: la caracterización del medio humano, especialmente respecto de comunidades indígenas y observaciones ciudadanas, y el análisis de eventuales impactos sobre el medio marino ligado a obras de infraestructura hídrica y portuaria.
En términos simples, el tribunal cuestionó que determinados antecedentes no hubieran sido suficientemente abordados durante la evaluación ambiental. Por ello, instruyó que el SEA complemente el análisis antes de que el proyecto pueda continuar su tramitación con una base técnica y jurídica más robusta. Reportes sectoriales han señalado que la sentencia afecta a una iniciativa considerada entre los proyectos mineros más relevantes en ejecución, por su escala de inversión y por su rol en la continuidad operacional de Collahuasi.
Para Tarapacá, el caso concentra una tensión estratégica: cómo compatibilizar inversión minera, continuidad productiva, empleo, encadenamiento de proveedores, infraestructura hídrica y cumplimiento ambiental con participación efectiva de las comunidades. La resolución instala una señal directa para los grandes proyectos: la evaluación ambiental deberá demostrar mayor precisión en línea de base, impactos territoriales y respuestas técnicas frente a observaciones ciudadanas.
Collahuasi había informado previamente que evaluaba las acciones legales a seguir tras la revocación de la RCA obtenida en 2021. Ese escenario abre una fase donde la compañía, sus accionistas y la institucionalidad ambiental deberán definir el camino administrativo o judicial que permita aclarar los efectos prácticos de la sentencia y los plazos para subsanar los puntos observados.
El impacto económico del caso supera a la empresa. Una inversión de US$3.200 millones tiene efectos sobre proveedores, contratación, servicios especializados, logística, transporte, puertos, energía, agua industrial y recursos fiscales asociados a la actividad minera. Por eso, el desenlace será seguido de cerca por gremios, comunidades, autoridades regionales y actores de la cadena de valor minera.