• La SEC sancionó a dos empresas por el apagón masivo de 2025, elevando las multas totales por el evento a más de $35 mil millones.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó nuevas sanciones en el marco de la investigación por el apagón masivo registrado en 2025, uno de los eventos más críticos del sistema eléctrico nacional en la última década. Las multas aplicadas a dos empresas se suman a sanciones previas, elevando el total por este caso a más de $35 mil millones.

El organismo fiscalizador determinó responsabilidades en la operación y gestión del sistema, apuntando a incumplimientos en estándares de continuidad de suministro y protocolos de respuesta ante contingencias. Estas fallas habrían contribuido a la magnitud del corte eléctrico, que afectó a millones de personas en distintas regiones del país, generando impactos directos en hogares, servicios básicos y actividad productiva.

Según lo informado por la SEC, las nuevas sanciones recaen en empresas vinculadas a la cadena de transmisión y operación del sistema, donde se detectaron deficiencias en la coordinación y en la ejecución de medidas preventivas. El proceso forma parte de una investigación más amplia que ha ido sumando responsabilidades a distintos actores del sector eléctrico.

Este caso se convierte en uno de los hitos regulatorios más relevantes en materia energética reciente, no solo por el monto acumulado de las multas, sino por la señal que entrega respecto del fortalecimiento de la fiscalización. La autoridad busca establecer un precedente claro en torno a la exigencia de cumplimiento de estándares técnicos y operacionales en un sistema cada vez más exigido por la transición energética y el aumento de la demanda.

Desde una perspectiva territorial y productiva, eventos de esta magnitud evidencian la alta dependencia de sectores estratégicos —como la minería en el norte de Chile— respecto de la estabilidad del suministro eléctrico. En regiones como Tarapacá y Antofagasta, donde operan faenas de alta continuidad, una interrupción de este tipo implica riesgos operacionales, pérdidas económicas y afectación a cadenas logísticas completas.

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