Vecinos demandan a mineras por contaminación en Tierra Amarilla

• Vecinos de Tierra Amarilla y Nantoco acusan daño ambiental por depósitos mineros cercanos a sectores habitados.

La demanda fue interpuesta ante el Primer Tribunal Ambiental por vecinos de Tierra Amarilla y Nantoco, en la Región de Atacama, contra el Fisco de Chile, Lundin Mining, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. La acción judicial apunta a una eventual contaminación asociada a depósitos de residuos mineros ubicados cerca de sectores habitados.

El caso quedó registrado bajo el rol D-39-2026 y fue tenido por interpuesto el 3 de junio de 2026. Con ello, el tribunal ordenó iniciar la tramitación y notificar a las partes demandadas, abriendo una nueva discusión ambiental en una comuna marcada por la convivencia directa entre minería, población urbana y pasivos asociados a la actividad extractiva.

Según los antecedentes de la demanda, los vecinos acusan que en Tierra Amarilla y Nantoco existen depósitos de material minero próximos a viviendas, escuelas, calles y espacios comunitarios. La presentación sostiene que estos puntos generarían polvo fino y material particulado que, por efecto del viento y el tránsito, podría llegar a los sectores donde viven las familias.

La acción judicial no se dirige solo contra una empresa. Entre los demandados figuran Lundin Mining, Minera Candelaria y Minera Ojos del Salado, además del Fisco de Chile. Este último es incorporado por los demandantes debido al rol que, a su juicio, tendría el Estado en la fiscalización, control ambiental, planificación territorial y resguardo de la población.

La demanda también plantea que existiría falta de información suficiente sobre la composición de los materiales depositados, especialmente respecto de su contenido químico y mineral. Para los vecinos, esa incertidumbre mantiene abierta una preocupación sanitaria y ambiental, ya que no permitiría conocer con claridad los riesgos para el aire, el suelo y las personas expuestas.

El nuevo caso se instala en una zona que ya venía tensionada por el antecedente de Mina Alcaparrosa, faena vinculada a Minera Ojos del Salado, donde el socavón registrado en 2022 marcó un punto crítico para Tierra Amarilla. Aunque se trata de procesos distintos, ambos hechos forman parte de un mismo contexto territorial: la relación entre operaciones mineras, fiscalización pública y comunidades que viven cerca de instalaciones extractivas.

Junto con la demanda, los vecinos solicitaron al tribunal una medida cautelar para realizar análisis químicos y mineralógicos de los materiales depositados en sectores cercanos a Villa Estadio y a la Escuela Luis Uribe. El objetivo era contar con un informe técnico sobre su composición y eventuales riesgos para el ambiente y la salud de las personas.

El tribunal resolvió no acoger por ahora esa medida. Según la resolución, los antecedentes acompañados no permiten acreditar, en esta etapa, un riesgo actual, concreto e inminente de perjuicio irreparable que justifique ordenar de inmediato los análisis solicitados.

La decisión no fue unánime. El ministro Marcelo Hernández Rojas votó en contra de rechazar la medida en esta fase y estuvo por pedir más antecedentes antes de resolver sobre la solicitud cautelar.

En esta etapa, el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de la demanda. La causa recién inicia su tramitación y serán las partes quienes deberán presentar sus antecedentes, defensas y pruebas. Por ahora, el hecho relevante es que la acción fue ingresada y admitida para avanzar en el proceso judicial ambiental.

Chile País Minero solicitó la versión de los hechos a Minera Candelaria, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición. De recibirse una posición institucional de la compañía, será incorporada como parte del seguimiento informativo de esta causa.

El caso será seguido con atención en Atacama, una región donde la minería tiene un rol estratégico en empleo, inversión y desarrollo productivo, pero donde también crecen las exigencias de información ambiental, control efectivo y mayor resguardo para las comunidades cercanas a faenas, depósitos e infraestructura minera.