Tribunal aprueba cambios a acuerdo por Pascua Lama

• La modificación amplía plazos y suma acciones para restaurar vegas altoandinas afectadas en Alto del Carmen.

El Primer Tribunal Ambiental aprobó una modificación al acuerdo conciliatorio alcanzado entre el Consejo de Defensa del Estado y Compañía Minera Nevada SpA, en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental asociada al proyecto Pascua Lama, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.

La decisión se relaciona con la afectación de vegas altoandinas y de la especie Azorella madrepórica, componentes ambientales sensibles del ecosistema cordillerano. El caso forma parte del seguimiento judicial que mantiene el tribunal sobre acuerdos y sentencias ambientales, con el objetivo de verificar que las medidas comprometidas avancen de acuerdo con los fines de restauración definidos.

Entre los cambios aprobados se encuentra la ampliación en dos años del plazo para ejecutar la medida principal del Plan de Restauración de Vegas Altoandinas. Esta medida considera el retiro de material coluvial y acciones destinadas a recuperar las condiciones del sistema, especialmente en lo referido al funcionamiento hídrico de la vega intervenida.

La modificación fue planteada a partir de informes de seguimiento realizados durante los primeros cuatro años de ejecución del acuerdo. Según esos antecedentes, la recuperación del ecosistema presentó avances, pero a un ritmo menor al esperado, principalmente en la recuperación de humedad y en la regeneración de la vegetación.

El nuevo ajuste incorpora acciones adicionales para mejorar las condiciones de humedad del sistema. Entre ellas figura el rebaje manual del suelo en puntos específicos de la vega, con el fin de favorecer la presencia de humedad en niveles más cercanos a la superficie. También se contemplan nuevos monitoreos sobre condiciones hídricas, recuperación de casillas de extracción, cambios en la cobertura vegetal y regeneración natural de la vegetación.

La actualización del acuerdo establece además un nuevo indicador de cumplimiento: al menos un 60% de la superficie de la vega de salvataje deberá presentar humedad detectable entre 80 y 100 centímetros de profundidad durante la época seca. Esta condición será evaluada mediante estudios geofísicos.

El tribunal también aprobó eliminar algunas actividades de monitoreo que fueron consideradas innecesarias para los objetivos de restauración. Entre ellas se mencionan el monitoreo y registro fotográfico de fauna, la evaluación del desempeño fotosintético mediante intercambio de gases y la supervisión anual del estado del cerco.

La resolución fue adoptada por mayoría de los ministros Alamiro Alfaro Zepeda y Cristián López Montecinos, este último ministro del Segundo Tribunal Ambiental subrogando legalmente. Ambos concluyeron que los cambios mantienen la finalidad del acuerdo original, orientado a restablecer las condiciones hídricas y recuperar progresivamente la funcionalidad ecológica del ecosistema intervenido.

La decisión contó con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez Torres, quien estuvo por no aprobar la modificación ni la prórroga propuesta. Entre sus argumentos, sostuvo que la solicitud fue presentada fuera de plazo y que carecía de precisión temporal, suficiencia técnica, garantías económicas y sustento efectivo para asegurar el objetivo original del acuerdo conciliatorio.

El caso Pascua Lama se originó en abril de 2019, cuando el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda de reparación por daño ambiental contra Compañía Minera Nevada SpA. La acción se vinculó a la afectación de aproximadamente 13,832 hectáreas de Azorella madrepórica y 0,16 hectáreas de vegas altoandinas, por sobre lo autorizado.

En mayo de 2020, el procedimiento concluyó con la aprobación de un acuerdo conciliatorio que contempló un Plan de Restauración y Puesta en Valor del Ecosistema Altoandino en el área del proyecto Pascua Lama. Ese plan incluyó medidas de restauración ecológica, conservación, monitoreo y seguimiento de los componentes afectados.

La nueva modificación no cierra el seguimiento ambiental del caso. Por el contrario, extiende el periodo de ejecución y refuerza el control sobre las condiciones de recuperación del ecosistema altoandino en Alto del Carmen, una zona de alta relevancia ambiental para la Región de Atacama.