Proyecto solar en Tarapacá en duda tras reclamación de comunidad quechua

• La acción cuestiona la aprobación ambiental del Parque Fotovoltaico Llanos del Sol en Pozo Almonte.

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo contra la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó su recurso administrativo vinculado a la aprobación del proyecto Parque Fotovoltaico Llanos del Sol, iniciativa del titular Llanos del Sol SpA, de propiedad de AES Andes, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

La acción judicial se relaciona con la calificación ambiental favorable del proyecto y con la forma en que la autoridad habría evaluado las observaciones ciudadanas realizadas durante el proceso. Según los antecedentes expuestos por la reclamante, dichas observaciones no habrían sido debidamente consideradas, al descartarse la afectación directa de la comunidad mediante criterios que, a juicio de la presentación, serían insuficientes para analizar el vínculo del proyecto con el territorio.

Uno de los puntos centrales planteados por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo es la relación del proyecto con el territorio ancestral, especialmente respecto de rutas troperas, sitios de significación cultural, patrimonio arqueológico indígena y espacios vinculados a la vida comunitaria. La reclamación también cuestiona la caracterización del medio humano, la falta de información primaria y la ausencia de un proceso de consulta indígena.

El proyecto Parque Fotovoltaico Llanos del Sol considera la construcción, operación y cierre de una central solar para generación eléctrica en Pozo Almonte. La iniciativa contempla una potencia instalada de 381,8 MW y una capacidad de almacenamiento de 531,5 MW, mediante paneles fotovoltaicos, baterías, una subestación elevadora y una línea de transmisión para conectarse con la subestación San Simón. La vida útil proyectada supera los 38 años y la inversión estimada alcanza los 635 millones de dólares.

La reclamación también apunta a que la evaluación ambiental habría descartado efectos relevantes contemplados en la Ley N°19.300, entre ellos la posible alteración de sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, la localización próxima a poblaciones o áreas susceptibles de afectación, la alteración del valor paisajístico o turístico y la eventual afectación de monumentos, sitios arqueológicos, espacios con valor antropológico o elementos pertenecientes al patrimonio cultural.

En su presentación, la comunidad solicita que se declare ilegal la resolución reclamada, que se deje sin efecto dicho acto administrativo y que la autoridad dicte una nueva resolución ajustada a derecho. Entre los puntos solicitados, se pide un pronunciamiento fundado sobre la caracterización del medio humano indígena, la delimitación del área de influencia, la eventual susceptibilidad de afectación directa, la procedencia de un Estudio de Impacto Ambiental y la necesidad de consulta indígena.

El tribunal, al revisar los antecedentes iniciales, acogió a trámite la reclamación y solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental remitir el informe correspondiente. Además, pidió informar sobre la existencia de eventuales procedimientos administrativos pendientes relacionados con la materia.

El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre grandes proyectos de energías renovables, evaluación ambiental y comunidades indígenas en Tarapacá. Para Chile País Minero, el avance de esta causa resulta relevante porque conecta transición energética, inversión regional, respeto territorial y estándares de participación, en una zona donde los proyectos solares y de almacenamiento avanzan como parte del nuevo mapa energético del norte de Chile.