Gravamen verde concentra presión en regiones industriales

Biobío, Valparaíso y Antofagasta reúnen la mayor proporción de establecimientos afectos, lo que abre espacio para acelerar eficiencia energética y electrificación de procesos.

La discusión sobre emisiones industriales volvió a tomar fuerza a partir de la distribución territorial de los establecimientos afectos al denominado impuesto verde. De acuerdo con datos de la Superintendencia del Medio Ambiente citados en el análisis difundido por GHD, existen 105 establecimientos sujetos a este pago en el país.

La mayor concentración se ubica en Biobío, con 20,95%; Valparaíso, con 14,29%; y Antofagasta, con 13,33%. El dato es relevante para la macrozona norte porque Antofagasta concentra actividad minera, energética, portuaria e industrial, sectores que enfrentan exigencias crecientes de eficiencia y reducción de emisiones.

El instrumento busca desincentivar emisiones contaminantes, pero el debate técnico apunta a que su efecto no debiera limitarse al pago de una obligación regulatoria. La señal económica puede operar como incentivo para modernizar procesos, sustituir tecnologías intensivas en combustibles fósiles y mejorar la gestión energética.

Entre las alternativas identificadas se encuentran la electrificación de procesos industriales, la sustitución de calderas fósiles por bombas de calor industriales, el uso de hornos eléctricos y la reconversión de procesos térmicos medios. Su impacto depende de la disponibilidad de energía renovable, los costos de inversión y la escala operacional de cada planta.

El análisis también menciona la necesidad de comparar escenarios: pagar, reducir, compensar o rediseñar procesos productivos. Para las empresas de regiones con alta concentración industrial, esa evaluación puede ser determinante para sostener competitividad en un contexto de mayores exigencias ambientales.

En el caso de Antofagasta, la discusión se cruza con la transición energética de la minería y sus proveedores. La reducción de emisiones no solo involucra generación eléctrica, sino también calor industrial, transporte, logística, mantención, automatización y uso eficiente de recursos en faenas y servicios asociados.

El desafío de política pública será convertir la señal regulatoria en proyectos concretos de abatimiento, con criterios verificables y con efectos medibles sobre emisiones, eficiencia y competitividad regional.