- La compañía pidió precisar qué aspectos de la RCA siguen vigentes tras el fallo sobre su proyecto de infraestructura y capacidad productiva.
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi presentó un Recurso de Aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental para precisar los alcances de ejecución de la sentencia dictada el 14 de mayo sobre el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”.
La solicitud apunta a que el tribunal se pronuncie respecto de la continuidad de aquellos aspectos de la Resolución de Calificación Ambiental que, según la compañía, se mantienen vigentes y no fueron objeto de anulación en el fallo. El proyecto cuenta con RCA favorable obtenida en 2021, considera una inversión ejecutada cercana a los US$3.200 millones y su planta desaladora se encuentra en etapa final de construcción.
En su escrito, Collahuasi indicó que la sentencia acogió parcialmente una de las reclamaciones presentadas y circunscribió sus observaciones a materias asociadas al sector Puerto Collahuasi, junto con componentes de medio humano y medio marino vinculados a la planta desaladora. La empresa añadió que la resolución determinó que los demás aspectos evaluados mantienen vigencia.
La compañía informó que dio cumplimiento a la sentencia mediante la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, que se encontraba en etapa de pruebas de sistemas y equipos antes de su puesta en marcha. Según lo comunicado, solo se mantienen acciones mínimas de mantención y seguridad.
El punto central del recurso radica en precisar si la paralización debe limitarse a los componentes observados por el tribunal o si podría afectar otros aspectos de la RCA que no fueron anulados. Para Collahuasi, una paralización extendida de los componentes vigentes podría generar efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos.
Entre los riesgos advertidos por la compañía se encuentra el eventual impacto sobre medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental actualmente en ejecución, además de compromisos asumidos con comunidades y organizaciones regionales. La minera sostiene que la claridad jurídica resulta necesaria para determinar qué actividades pueden continuar y cuáles deben permanecer detenidas conforme a la sentencia.
El caso tiene alta relevancia para Tarapacá, debido al peso económico, laboral y productivo de Collahuasi en la región, así como por el vínculo del proyecto con infraestructura crítica para la operación minera. La planta desaladora forma parte de una estrategia orientada a respaldar el abastecimiento hídrico industrial mediante agua de mar, en un escenario donde la minería del norte enfrenta mayores exigencias ambientales, comunitarias y regulatorias.
Collahuasi reiteró que la tramitación ambiental del proyecto se desarrolló conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente. Además, recordó que en agosto de 2023 el Comité de Ministros rechazó las reclamaciones presentadas por las mismas comunidades y representantes legales que posteriormente obtuvieron un pronunciamiento favorable del Tribunal Ambiental, luego de 800 días de tramitación judicial.
La presentación del recurso no revierte por sí sola la sentencia, pero busca aclarar su alcance práctico. En términos operativos, la definición del tribunal será clave para establecer qué partes del proyecto pueden mantener continuidad y cuáles deben ajustarse a lo resuelto por la justicia ambiental.
Para Chile País Minero, este caso concentra uno de los debates más relevantes para la minería del norte: cómo compatibilizar inversiones estratégicas, certezas regulatorias, evaluación ambiental, compromisos comunitarios y continuidad operacional en proyectos de alto impacto territorial.