- La detención del esposo de la exministra Ángela Vivanco reabre la “trama bielorrusa”, una investigación que cruza justicia, poder y contratos mineros de Codelco.
La tarde del martes 4 de noviembre de 2025, Carabineros recibió la entrega voluntaria de tres personas vinculadas al caso “Muñeca Bielorrusa”. Se trata de Gonzalo Migueles (contador y pareja de la exministra de la Corte Suprema de Chile Ángela Vivanco), el exdiputado y abogado Eduardo Lagos y el penalista Mario Vargas Cociña. Todos arrastraban una orden de aprehensión ante el riesgo de fuga, emitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía Regional de Los Lagos, dirigida por Carmen Gloria Wittwer, formalizará a los tres por cohecho y lavado de activos. Los cargos incluyen tráfico de influencias y soborno.
Vivanco misma figura como imputada en la causa, pero al tratarse de exministra de la Corte Suprema en ejercicio al momento de los hechos, deberá ser sometida primero a una querella de capítulos especial antes de cualquier formalización penal.
Quiénes están implicados
- Ángela Vivanco: Exministra de la Corte Suprema, removida de su cargo el 10 de octubre de 2024 tras un juicio interno por presuntas irregularidades. Académica de derecho de larga trayectoria, presidió la Tercera Sala de la Suprema en momentos clave del litigio del consorcio chileno-bielorruso y la estatal Codelco Chile. Un análisis de CIPER Chile reveló que Vivanco falló en favor del consorcio sin transparentar su relación con el abogado del consorcio.
- Gonzalo Migueles: Contador y asesor de conservador de bienes raíces. Su vínculo con Vivanco y movimientos bancarios sospechosos lo colocan al centro de la investigación por cohecho y lavado. Según la investigación, en junio de 2024 recibió cinco transferencias de $5 millones cada una en tres días.
- Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos: Abogados penalistas que representaron al consorcio en su litigio contra Codelco. Están formalizados junto a Migueles por cohecho y lavado.
- Consorcio BelAZ-Movitec (CBM): Empresa conjunta chileno-bielorrusa formada en 2021 entre la chilena Movitec y la estatal bielorrusa BelAZ. Movitec tiene raíces en Antofagasta: fue fundada por las familias Duch y Sekul. CBM ganó una licitación del Proyecto Rajo Inca de Codelco, pero luego fue rescindido el contrato y estalló el conflicto legal.
- Codelco: Estatal del cobre que adjudicó el contrato a CBM. Tras incumplimientos graves en el proyecto, estableció rescisión anticipada en 2023 y quedó demandando restituciones y garantías. Según reportes, la Tercera Sala de la Suprema dictó fallo favorable al consorcio que obligó a Codelco a pagar cerca de US$ 20 millones.
Origen del conflicto: Rajo Inca y el contrato con CBM
El conflicto se originó en la Región de Atacama, específicamente en el Proyecto Rajo Inca de la División El Salvador de Codelco. En marzo de 2021 Codelco adjudicó a CBM la construcción de caminos y remoción de material, en una licitación estimada en US$ 242 millones. Sin embargo, el contrato enfrentó incumplimientos graves: retrasos de hasta seis meses, obras realizadas al 23 %, muerte de un trabajador y deudas con proveedores.
Ante ello, Codelco terminó el contrato el 1 de febrero de 2023. Posteriormente, CBM presentó recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y de Santiago. Ambos fueron inicialmente rechazados, pero luego en la Corte Suprema la Tercera Sala, presidida por Vivanco de modo subrogante, dictó fallo favorable a CBM en junio-julio de 2023 en un tiempo récord de seis días. Esa resolución ordenó a Codelco restituir garantías por US$ 20 millones y devolver maquinaria del consorcio.
Los abogados y académicos calificaron la velocidad y modo de la resolución como “anómala” en un proceso civil/contractual que normalmente tarda años.
El rol de BelAZ y las sanciones internacionales
Un elemento crítico del caso es la participación de la empresa bielorrusa BelAZ, fabricante de camiones mineros de alta capacidad. BelAZ estaba sancionada desde junio de 2021 por la Unión Europea por su vínculo con el régimen de Lukashenko. A pesar de ello, aparece en CBM como uno de los accionistas o proveedores clave, lo que complicó aún más el escenario para Codelco y para el contrato.
Movitec (empresa chilena) es de origen minera en Antofagasta, fundada en 1974 por Jaime Duch y Luis Sekul. El vínculo regional añade una dimensión territorial a la trama, pues muestra que la industria de Antofagasta –proveedora histórica de maquinaria minera– se fusionó con una estatal bielorrusa para competir en grandes contratos.
Desenlace judicial y cuestionamientos
El fallo favorable a CBM obligó a Codelco a desembolsar cerca de $17 mil millones (alrededor de US$ 20 millones) en pagos y restituciones. Este hecho generó fuertes cuestionamientos. Por ejemplo, la Tercera Sala acogió un recurso que, según Codelco, debía dirimirse mediante arbitraje y no vía amparo.
En octubre de 2024, el pleno de la Corte Suprema decidió por unanimidad remover a Vivanco de su cargo, señalando que su gestión “comprometió gravemente los cimientos del Estado de Derecho”. CIPER Chile detalló que la exministra no transparentó la estrecha relación con el abogado de CBM, lo que generó responsabilidad disciplinaria.
En el plano penal, la fiscalía ha ampliado la investigación a lavado de activos después de detectar transferencias sospechosas en cuentas bancarias que vinculaban a Migueles, Vivanco, Lagos y terceros accionistas de CBM.
Impacto en la minería estatal y respuestas políticas
El caso tiene profundas implicancias para la minería estatal en Chile. En lo económico, que Codelco haya tenido que pagar una cifra tan elevada (US$ 20 millones aproximadamente) tras un contrato que fue cuestionado por incumplimiento, genera dudas sobre la gestión de la empresa y el costo para el Estado.
En términos sociales, la paralización del proyecto Rajo Inca luego de la rescisión del contrato dejó a cientos de trabajadores sin empleo. Algunos sindicatos estiman que alrededor de 800 operarios pertenecientes a CBM fueron desvinculados tras la ruptura.
En el plano político-institucional, el escándalo reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en la justicia, así como de transparencia en la adjudicación de contratos mineros. Parlamentarios presentaron oficios para reformar la nominación de jueces y controlar mejor los conflictos de interés entre sectores privado y judicial.
La estatal Codelco informó que colaborará con la fiscalía e iniciará acciones para recuperar lo que considera pago “irrazonable”. El Poder Judicial, por su parte, enfrenta una crisis de credibilidad sin precedentes.
El caso “Muñeca Bielorrusa” combina elementos de corrupción judicial, poder empresarial y minería de alto tonelaje. Su desenlace –con la entrega de Migueles, Lagos y Vargas, y la investigación formalizada contra Vivanco– marcará si se aclaran las dudas o si el sistema institucional chileno absorbe una herida profunda en su estructura de justicia y gobernanza minera.