Codelco enfrenta querella por producción

• • Comisión de Minería revisó en Calama la sobreestimación de producción mientras diputados ingresaron una querella criminal.

La revisión parlamentaria del caso de sobreestimación de producción de Codelco abrió una nueva etapa de fiscalización pública, luego de que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados analizara los antecedentes en una sesión realizada en Calama. En paralelo, los diputados Jaime Mulet y Marcela Hernando ingresaron una querella criminal para que la justicia investigue eventuales responsabilidades asociadas a la alteración de cifras productivas de la estatal.

El caso se originó tras una auditoría interna que detectó diferencias cercanas a las 27 mil toneladas de cobre en los reportes de cierre de 2025. La situación derivó en sanciones a ejecutivos, la salida del entonces presidente ejecutivo Rubén Alvarado y una discusión sobre los mecanismos de control interno de la principal empresa minera del país.

Durante la sesión de la comisión, trabajadores, dirigentes sindicales y parlamentarios expusieron reparos al manejo de la información y plantearon dudas sobre la cadena de responsabilidades dentro de Codelco. Uno de los puntos abordados fue el impacto que habría tenido la sobreestimación en bonos, balances y resultados corporativos.

El presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, Misael Vega, señaló ante la instancia parlamentaria que los trabajadores han seguido gran parte del caso a través de la prensa y afirmó que no han recibido información oficial suficiente de parte de la administración. También sostuvo que las toneladas cuestionadas corresponden a material existente, por lo que la investigación debe aclarar los criterios utilizados para incorporarlas o no en un determinado período productivo.

El dirigente recalcó que Chuquicamata había superado sus metas y rechazó que los trabajadores tengan responsabilidad en el pago de incentivos asociados al cumplimiento operacional. Además, planteó que aún existen preguntas pendientes respecto de los niveles directivos que conocieron o autorizaron los reportes cuestionados.

En el plano parlamentario, el diputado Daniel Valenzuela anunció nuevas acciones de fiscalización y solicitó que la Comisión Chilena del Cobre revise posibles sobrecostos en contrataciones y compras efectuadas por la estatal durante la última década. Desde la presidencia de la comisión, el diputado Cristián Tapia defendió el carácter estatal de la minera y sostuvo que la discusión debe considerar problemas acumulados en la gestión de la empresa.

La querella presentada por Jaime Mulet y Marcela Hernando apunta a investigar presuntos delitos de fraude al Fisco, administración desleal, falsificación de instrumentos y otras figuras penales que puedan surgir durante el proceso. Mulet indicó que la acción judicial busca incorporar más de 20 diligencias, entre ellas incautaciones, revisiones y oficios a la Comisión para el Mercado Financiero y a ejecutivos de Codelco.

Hernando, por su parte, expresó preocupación por los mecanismos de fiscalización y control dentro de una empresa que pertenece al Estado. La acción judicial fue ingresada para identificar a quienes resulten responsables de los hechos investigados y establecer si existieron faltas a la probidad u otras conductas sancionables.

El caso continuará bajo revisión parlamentaria, judicial e interna, con foco en determinar cómo se generó la diferencia productiva, quiénes participaron en la validación de los reportes y qué consecuencias administrativas, laborales o penales podrían derivarse de la sobreestimación informada en los balances de Codelco.