- Argentina flexibiliza su ley de glaciares para impulsar la minería, generando debate por el impacto en el agua y el medio ambiente.
Argentina dio un giro estructural en su política minera tras aprobar una reforma que permite avanzar con proyectos en zonas cercanas a glaciares, una medida que busca destrabar inversiones, pero que abre un debate profundo sobre la protección de recursos hídricos estratégicos.
La modificación a la ley de glaciares elimina restricciones que desde 2010 prohibían actividades extractivas en estos ecosistemas, trasladando a las provincias la responsabilidad de definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden ser habilitadas para desarrollo minero.
Este cambio normativo responde a una estrategia del gobierno de Javier Milei orientada a acelerar la inversión en minerales críticos, especialmente cobre, litio y oro, en un contexto de creciente demanda global por insumos clave para la transición energética.
La reforma abre la posibilidad de intervenir zonas periglaciares —espacios fundamentales en la regulación hídrica de alta montaña—, lo que genera preocupación en comunidades científicas y ambientales. Especialistas advierten que estos ecosistemas cumplen un rol clave como reservas de agua dulce y su alteración podría afectar el abastecimiento hídrico en regiones áridas.
El debate no es menor. Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos glaciares que funcionan como reguladores naturales del agua, y cuya protección había sido considerada una referencia en América Latina en materia ambiental.
Desde la industria, en tanto, se argumenta que la reforma permitirá desbloquear proyectos estratégicos y posicionar al país como un actor relevante en el suministro global de minerales críticos. Analistas señalan que la flexibilización normativa podría acelerar aprobaciones y mejorar la competitividad frente a otros países productores.
Sin embargo, el nuevo marco también introduce riesgos regulatorios. La descentralización de criterios hacia las provincias podría generar fragmentación normativa, incertidumbre jurídica y conflictos socioambientales, especialmente en territorios donde el agua es un recurso limitado.
Desde una perspectiva regional, este cambio impacta directamente a Chile. Ambos países comparten ecosistemas cordilleranos y proyectos binacionales, por lo que la presión sobre zonas de alta montaña podría escalar como tema estratégico en la agenda minera sudamericana.