- El Primer Tribunal Ambiental escuchó alegatos por la evaluación favorable del proyecto Playa Verde, en Chañaral.
El Primer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos en la reclamación presentada contra la evaluación ambiental favorable del proyecto minero Playa Verde, iniciativa ubicada en la comuna de Chañaral, Región de Atacama, que busca recuperar cobre desde antiguos relaves depositados en el borde costero y devolver arenas tratadas al sector intervenido. La causa quedó en acuerdo y la redacción de la sentencia fue asignada al ministro titular en Ciencias Marcelo Hernández.
La reclamación apunta a la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que acogió el reclamo del titular del proyecto y modificó a favorable la calificación que previamente había realizado la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama. Durante la audiencia, el abogado del reclamante, Marcos Emilfork, sostuvo que la aprobación ambiental no habría descartado adecuadamente eventuales impactos sobre la salud de las personas y el entorno, especialmente por el manejo y disposición de arenas de retorno en Playa Verde.
Uno de los puntos centrales expuestos por la parte reclamante fue la evaluación del riesgo asociado a contaminantes presentes en matrices como suelo, agua y aire. Según lo planteado en audiencia, existirían observaciones vinculadas a la exposición de la población y a la necesidad de considerar otros elementos de interés, más allá del arsénico. También se cuestionó que el compromiso ambiental voluntario del titular estuviera acotado a reducir en más de un 50% la concentración de arsénico en las arenas de retorno, sin una evaluación suficiente respecto de otros metales y criterios normativos de referencia.
El reclamo también abordó la eventual afectación del Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo, por su cercanía al proyecto y por posibles efectos asociados a emisiones de material particulado u otras intervenciones relacionadas con la operación. Este punto introduce un componente territorial relevante para Atacama, donde la discusión ambiental minera no solo considera la recuperación de recursos, sino también la compatibilidad de nuevos procesos productivos con zonas sensibles, comunidades y ecosistemas cercanos.
En representación del SEA, el abogado Julio Herrera defendió la actuación del organismo y sostuvo que el Comité de Ministros contó con antecedentes técnicos suficientes para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población. Además, afirmó que durante la evaluación no se habría determinado la existencia de un impacto significativo por el manejo de residuos, sino la necesidad de nuevos antecedentes, y que el compromiso ambiental voluntario asociado al arsénico pasaría a ser obligatorio.
La defensa del SEA también planteó que la empresa entregó información suficiente para analizar efectos sobre cantidad y calidad del recurso hídrico, considerando aguas superficiales y subterráneas en relación con el dragado y la remoción de relaves. Respecto del Sitio Prioritario El Peralillo, se sostuvo que el titular actualizó su línea base y que la concentración máxima de material particulado sedimentable cumpliría la norma aplicable.
Por parte de la empresa, el abogado Andrés Sáez argumentó que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas y que el proyecto se emplaza en una zona actualmente cubierta por relaves y escombros asociados al aluvión de marzo de 2015. Según su exposición, la iniciativa permitiría recuperar cobre y devolver arenas tratadas en mejores condiciones ambientales que las existentes, con menores concentraciones de cobre y arsénico.
El proyecto Playa Verde considera la extracción mediante dragado de antiguos relaves depositados en Playa Grande de Chañaral, para luego procesarlos en una planta metalúrgica y recuperar cobre en forma de cátodos de cobre fino y concentrado. Después del procesamiento, las arenas serían neutralizadas, tratadas y retornadas al mismo sector de playa desde donde fueron extraídas, con el objetivo de reconstituir el área intervenida. La iniciativa contempla una vida útil de 9 años y 3 meses, con una inversión aproximada de US$95 millones.