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- El Primer Tribunal Ambiental mantiene la decisión de cierre de la mina Alcaparrosa de la compañía Ojos del Salado en Tierra Amarilla, ante el riesgo ambiental asociado al socavón, desatando opiniones encontradas.
La controversia en torno al cierre de la mina Alcaparrosa, propiedad de la Compañía Minera Ojos del Salado, continúa recibiendo debate después de que el Primer Tribunal Ambiental rechazando la objeción presentada por la compañía minera y ratificara la medida cautelar de cierre total de la mina. La decisión fue tomada en el marco de la demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado, debido al socavón de más de 46 metros de diámetro ubicado en la comuna de Tierra Amarilla.
La resolución del tribunal excepcional múltiples factores de riesgo, incluida la posible afectación del acuífero río Copiapó, la exposición a factores naturales como aluviones causados por intensas precipitaciones y la falta de permisos ambientales vigentes y estudios aprobados por las autoridades competentes. Además, destaque que las medidas provisionales implementadas por la compañía minera, como sellos y muros para detener el ingreso de agua a la mina, no han sido evaluadas ambientalmente.
La compañía minera argumentó que la medida cautelar era redundante ya que Sernageomin ya había paralizado la faena minera. Sin embargo, el tribunal pensó que esta medida solo abordaba aspectos de seguridad y estabilidad de la mina y no abarcaba otros factores de riesgo y daños potenciales que podrían ser irreparables.
El acuífero del río Copiapó ha sido uno de los puntos centrales de análisis para el tribunal. Los magistrados Sandra Álvarez y Carlos Valdovinos concluyeron que el acuífero ha sido afectado en términos de volumen, calidad de agua y morfología. Además, la cantidad de agua que se perdió al ser drenada al interior de la mina debido al socavón equivale a cerca de cinco años de consumo de agua potable para los habitantes de la comuna de Tierra Amarilla.
El ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Opazo, quien se encuentra integrando el tribunal debido a la falta de ministros, votó en contra de la medida cautelar. Opazo pensó que no existe peligro en la demora debido a que Sernageomin ya había decretado la paralización total de la faena minera en 2022 y renovado esa decisión en junio de 2023. Sin embargo, el tribunal hizo en que el Consejo de Defensa del Estado justificó la solicitud de la medida cautelar a pesar de la paralización previa, lo que indica falta de coordinación entre el Estado y sus organismos sectoriales.
La decisión del Primer Tribunal Ambiental ha generado reacciones diversas, ya que algunos sectores consideran que el cierre de la mina es una medida necesaria para proteger el medio ambiente y la seguridad de la comunidad, mientras que otros argumentan que la medida afectará negativamente la economía local y el empleo.
