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Lun, 16 de Noviembre de 2026 | Chile
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El 95% de los abogados respalda fijar reglas para la inteligencia artificial tras la política del Poder Judicial

Un sondeo de LemonTech a 107 profesionales del sector legal revela respaldo a establecer normas para el uso de inteligencia artificial.

Fecha: Por Alejandro Rondón Olivares Lectura: 4 min.

● Un sondeo de LemonTech a 107 profesionales del sector legal en Chile revela una amplia coincidencia sobre la necesidad de establecer normas para el uso de estas tecnologías, mientras que el 64,5% sostiene que la protección de la confidencialidad exige operar únicamente mediante plataformas especializadas y certificadas.

Santiago, noviembre 2026.- La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la justicia chilena alcanzó una definición institucional. La necesidad de ordenar estas herramientas movilizó al Poder Judicial a definir criterios comunes, abriendo un debate sobre los límites éticos y operativos que deben regir en tribunales y en el ejercicio profesional.

El respaldo a esta delimitación normativa es contundente en el gremio. Según una encuesta de LemonTech a 107 profesionales del sector, entre abogados de estudios y gerencias corporativas, el 95,3% considera que fijar reglas formales resulta oportuno o tardío frente al rápido avance de estas herramientas.

Los datos del sondeo muestran que la mayor coincidencia radica en la seguridad de la información. El 64,5% de los encuestados sostiene que el resguardo del secreto profesional exige operar mediante plataformas especializadas que cuenten con certificaciones de seguridad, evitando la exposición de antecedentes reservados de clientes en entornos abiertos.

A pesar de este consenso sobre la confidencialidad, las opiniones se dividen al definir las exigencias aplicables. Un 45,3% prefiere limitar el trabajo legal al uso de plataformas acreditadas para el sector, mientras que un 43,4% es partidario de permitir cualquier solución disponible en el mercado, siempre que se informe formalmente su aplicación en las causas y se verifiquen los contenidos generados.

El consenso del 95% de los abogados confirma que la profesión entiende que la tecnología no puede incorporarse de manera improvisada, señala Maximiliano Amor, director de Negocio de LemonTech: “El acuerdo de la Corte Suprema y las exigencias de confidencialidad que marca la industria demuestran que la discusión de fondo radica en la seguridad de los datos. Mientras el debate sobre el tipo de herramientas sigue abierto, resguardar el secreto profesional exige operar bajo plataformas que garanticen entornos cerrados y estándares acreditados, evitando que la búsqueda de rapidez comprometa la responsabilidad profesional”.

Corte Suprema y las restricciones procesales

Este diagnóstico coincide con el acuerdo alcanzado por la Corte Suprema durante sus XXIX Jornadas de Reflexión , difundidas el 26 de octubre. El máximo tribunal consensuó una política sustentada en trece principios rectores para regular la inteligencia artificial, superando una etapa en que su uso dependía de las decisiones individuales de cada integrante del sistema.

Entre los principios que sustentan esta política se encuentran el respeto a los derechos fundamentales, la no discriminación, la supervisión humana, la transparencia, la trazabilidad, la explicabilidad de los resultados, la seguridad de la información y la preservación de la independencia judicial. La disposición central establece que estos sistemas podrán utilizarse como apoyo en tareas preparatorias o instrumentales, pero no podrán sustituir el razonamiento de los magistrados. Queda prohibido delegar en modelos automatizados la decisión de causas, la valoración de pruebas o la fundamentación de resoluciones y sentencias.

Para Amor la fijación de trece principios en la Corte Suprema y las restricciones de la Defensoría Penal Pública, ratifican que la tecnología debe funcionar como respaldo operativo, sin desplazar la responsabilidad ni el juicio crítico del abogado, “el sondeo refleja que los profesionales comprenden que la eficiencia no puede desarrollarse a expensas de la seguridad ni de la ética”.

La resolución del máximo tribunal responde a controversias recientes generadas por el uso de asistentes digitales en procedimientos judiciales. La medida complementa otras acciones del Estado chileno, entre las que destaca la política dictada por la Defensoría Penal Pública, organismo que prohibió delegar estrategias jurídicas en algoritmos y restringe el ingreso de antecedentes reservados a plataformas externas.

El estándar de confidencialidad

Las definiciones adoptadas en la sede judicial establecen un estándar de gobernanza que interpela a las firmas de abogados y departamentos legales que asesoran a empresas en Chile.

“Ingresar antecedentes de clientes en aplicaciones genéricas sin garantías de seguridad genera contingencias operativas severas para cualquier organización. El sector requiere plataformas especializadas con certificaciones de seguridad que permitan elevar la productividad y resguardar el secreto profesional en todo momento”, concluye Amor.

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