Prisión preventiva por abuso sexual en Pozo Almonte
El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la medida cautelar tras la formalización de un hombre de 37 años, acusado por la Fiscalía del Tamarugal de abusar sexualmente de la hija de su conviviente durante más de seis años.
El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la medida cautelar tras la formalización de un hombre de 37 años, acusado por la Fiscalía del Tamarugal de abusar sexualmente de la hija de su conviviente durante más de seis años.
Un hombre chileno de 37 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía del Tamarugal como presunto autor de abuso sexual reiterado contra la hija de su conviviente, en Pozo Almonte. El imputado fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) y la medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de esa comuna, que fijó un plazo de investigación de 50 días.
Según expuso el fiscal jefe Milton Torres durante la audiencia de control de detención y formalización, los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2022, cuando la víctima tenía entre 9 y 15 años, al interior del domicilio que compartía el grupo familiar. De acuerdo con la Fiscalía, el imputado —pareja de la madre de la víctima y padre de uno de sus hermanos— habría aprovechado la convivencia y la confianza con la niña para cometer los hechos investigados.
La Fiscalía indicó que la denuncia fue realizada por el padre de la víctima, luego de que la menor de edad relatara la situación a una psicóloga que la atendía, quien puso los hechos en conocimiento del progenitor. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que —según informó el organismo persecutor— reunió antecedentes a través de declaraciones de familiares, de la profesional tratante, del análisis del teléfono de la víctima y de una entrevista investigativa videograbada realizada a la menor de edad.
El fiscal Torres solicitó la prisión preventiva del imputado considerando la gravedad y reiteración de los hechos investigados, argumentando que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, solicitud que fue acogida por el tribunal. La investigación, a cargo de la Fiscalía del Tamarugal, continúa en curso dentro del plazo fijado por el juzgado.



