Investigadora de la UTA cuestiona el abordaje de los desalojos en el Cerro Chuño

La antropóloga Paola Díaz, que ha presenciado tres operativos desde 2024, sostiene que la narrativa dominante estigmatiza al territorio y omite las causas estructurales del conflicto en el sector de Arica.

La académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá (UTA) Paola Díaz sostiene que los desalojos recurrentes en el Cerro Chuño, en Arica, están siendo abordados desde una narrativa que estigmatiza al territorio y a sus habitantes, mientras se omiten las causas estructurales del problema. La investigadora, que ha presenciado los operativos de noviembre de 2024, mayo de 2025 y julio de 2026, plantea que el foco público espectaculariza la situación sin enfrentar los temas de fondo.

Díaz, antropóloga y socióloga con veinte años de trabajo en países como México, Estados Unidos, Francia e Italia, investiga desde 2023 la migración internacional y la violencia en fronteras internacionales e interiores en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Desde 2024 realiza trabajo etnográfico semanal en el Cerro Chuño, un sector conocido por la contaminación de sus suelos, la presencia de población migrante y la existencia de bandas delictuales.

Sobre el crimen organizado, la investigadora afirmó que el fenómeno excede a una toma de terreno. Citó proyectos sobre criminalidad compleja desarrollados en Chile, como el que encabeza la académica Romina Ramos, de Trabajo Social de la UTA en Iquique, que, según indicó, evidencian una persecución centrada en los eslabones menores y no en las estructuras mayores de estas redes.

A partir de su experiencia en investigación sobre narcopolítica en México, Díaz señaló que la estigmatización de ciertas personas y comunidades no resulta eficaz para combatir el crimen organizado. Como alternativas mencionó enfoques preventivos para evitar el reclutamiento infantil, con presencia estatal sostenida en sectores como el Cerro Chuño, y la intervención en las rutas del dinero y el lavado de activos, siguiendo experiencias como la italiana.

La académica precisó que, si bien podría haber presencia de franquicias del Tren de Aragua y de otras bandas transnacionales en Chile, ni la comunidad venezolana ni ninguna otra participa en su conjunto de esas redes. Agregó que, de acuerdo con informes de la Fiscalía, las primeras víctimas de estas estructuras suelen ser las personas más próximas territorialmente o en mayor situación de vulnerabilidad, entre ellas migrantes en situación irregular y personas en desventaja social.

Un segundo eje de su análisis apunta a la narrativa mediática sobre la inmigración irregular y al uso de la categoría de ilegales. Díaz explicó que, desde los estudios críticos de migración y frontera, se habla de procesos de ilegalización o irregularización: mecanismos legales que, mediante la exigencia de documentos y trámites de difícil acceso, terminan por dejar a ciertas personas en situación irregular.

Como ejemplo citó la migración venezolana de 2017, cuando, de acuerdo con la investigadora, muchas familias trabajadoras salieron de su país por el hambre y la falta de servicios médicos, sin medios para costear pasaportes ni los trámites asociados a las visas exigidas en Chile desde 2018. Según Díaz, ese proceso irregulariza a las personas y las convierte en mano de obra más barata, un fenómeno que en Chile afectó históricamente a población peruana, boliviana, dominicana, haitiana, colombiana y, en los últimos años, venezolana.

El tercer foco de su crítica es la representación del Cerro Chuño como un espacio asociado a la suciedad. La académica recordó que se trata de un territorio contaminado, donde la población desarrolló patologías crónicas y graves, y cuestionó el sensacionalismo, mediático y de algunas autoridades, que vincula las tomas y a sus habitantes con la basura y los desechos.

Para Díaz, asociar determinados territorios y comunidades con la basura constituye una forma de estigmatización que invisibiliza el problema estructural: la desigualdad urbana y social. La investigadora lo describió como un proceso de desechabilidad humana y material que, a su juicio, no recae por casualidad sobre las poblaciones más pobres.

Los desalojos en el Cerro Chuño se han repetido en los últimos dos años sin que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, se modifiquen las condiciones estructurales que la académica identifica como el fondo del conflicto. Díaz plantea la necesidad de un abordaje preventivo y de presencia estatal permanente en el sector, en contraste con las intervenciones puntuales.