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Lun, 31 de Agosto de 2026 | Chile
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Tarapacá

Fiscalía formaliza a carabinero por fraude en Iquique

El funcionario presentó un certificado de residencia falso para cobrar $5.417.024 por cambio de guarnición. Quedó con arraigo nacional y 90 días de investigación.

Fecha: Por Equipo Redacción Lectura: 2 min.

El funcionario presentó un certificado de residencia falso para cobrar $5.417.024 por cambio de guarnición. Quedó con arraigo nacional y 90 días de investigación.

Con arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días quedó un funcionario de Carabineros formalizado este lunes por la Fiscalía Local de Iquique por el delito de fraude de subvenciones, luego de que, según el Ministerio Público, presentara un certificado de residencia falso para cobrar $5.417.024 por concepto de cambio de guarnición. El pago alcanzó a ser ordenado, pero no llegó a concretarse.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de formalización, los hechos se produjeron en el marco del traslado del imputado desde Iquique a la comuna de Huara, donde asumió como encargado de la Subprefectura Fronteriza. En ese contexto, remitió una solicitud formal a la Subprefectura Administrativa de Carabineros para que se tramitara y pagara el beneficio fiscal asociado a ese cambio de destinación.

Para respaldar la solicitud acompañó un certificado que acreditaba domicilio en Pozo Almonte. Las diligencias de la investigación establecieron que ese documento era ideológicamente falso, ya que consignaba una residencia en la que el imputado nunca vivió, mientras mantenía su domicilio en Iquique.

La indagatoria estuvo a cargo del fiscal Pablo Medina, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Local de Iquique, junto con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (SAICAR). Según los antecedentes reunidos, el funcionario era recogido a diario en su domicilio de Iquique por un vehículo policial destinado a servicios de frontera, que lo trasladaba hasta Huara y lo devolvía al término de su jornada.

El beneficio llegó a tramitarse y se dispuso la orden de pago correspondiente. Las anomalías detectadas en la documentación permitieron detener el proceso antes de que los fondos fiscales fueran entregados.

Tras la formalización, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional. La Fiscalía dispone ahora de 90 días para completar las diligencias del caso.

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