- Gobierno argentino impulsa cambios a la Ley de Glaciares y reabre discusión sobre desarrollo minero, agua y protección ambiental.
Argentina.- El Gobierno de Javier Milei inició gestiones políticas para modificar o incluso derogar la Ley de Glaciares, normativa vigente desde 2010 que protege reservas estratégicas de agua dulce en la cordillera. La iniciativa generó un amplio debate nacional en medio de una severa crisis climática y con gobernadores promoviendo inversiones mineras en cobre y litio como vía para dinamizar economías regionales.
La Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial se convirtió hace casi 15 años en un hito ambiental en Argentina. Fue aprobada tras una fuerte presión ciudadana para resguardar zonas clave para el abastecimiento de agua, especialmente en provincias áridas y semiáridas recostadas sobre la cordillera de Los Andes. Desde entonces, la legislación prohíbe actividades extractivas que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial, considerado un mecanismo esencial de regulación hídrica en años secos.
La decisión del Ejecutivo de avanzar en ajustes al texto legal busca, según autoridades, destrabar proyectos mineros estratégicos para el país. Gobernadores provinciales sostienen que la definición amplia del ambiente periglacial restringe el desarrollo productivo y limita la posibilidad de captar inversiones, en un contexto donde el Gobierno nacional promueve el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta de atracción para capitales internacionales.
Organizaciones ambientales, científicas y comunitarias plantean una visión opuesta. Desde Greenpeace hasta colectivos ciudadanos que impulsaron la norma original alertan que cualquier flexibilización abriría la puerta a actividades con potencial impacto irreversible en reservas de agua esenciales para millones de personas. Subrayan además que en los últimos años aumentaron los incendios forestales y la presión sobre ecosistemas ya debilitados por la sequía, mientras la ONU declaró 2025 como el Año Internacional de la Preservación de Glaciares.
Especialistas remarcan que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares, no ha sido consultado formalmente sobre ninguna propuesta de ajuste. El organismo sostiene que los glaciares y el ambiente periglacial pueden aportar entre 25% y 50% del caudal de ríos cordilleranos en años de baja precipitación, jugando un rol crítico para poblaciones, agricultura y actividades productivas.
El debate se intensifica mientras sectores del Ejecutivo afirman que una modernización del marco legal permitiría nuevas fuentes de empleo y dinamismo económico, mientras organizaciones sociales insisten en que la prioridad debe centrarse en el resguardo del agua, sobre todo después de la temporada 2024-2025, que dejó más de 31 mil hectáreas afectadas por incendios en la Patagonia. En este contexto, diversas instituciones y expertos coinciden en que cualquier decisión debe incorporar evidencia científica y participación pública para mantener equilibrio entre desarrollo productivo y seguridad hídrica.
La discusión recién comienza en Argentina y estará marcada por las posiciones del Congreso, los gobiernos provinciales y la comunidad científica, en un momento en que la protección del agua se transforma en una prioridad estratégica para la región.
