• Codelco recalculará bonos de 6.322 trabajadores y ejecutivos tras corregir cifras de producción 2025, mientras sindicatos del norte minero se declararon en alerta ante eventuales descuentos.

Más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Codelco deberán devolver parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas, luego que la minera estatal corrigiera las cifras de producción reportadas durante 2025.

Según publicó La Tercera/Pulso, el ajuste involucra a 6.322 personas de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, por un monto total estimado de US$14,3 millones, equivalentes a cerca de $2 millones promedio por trabajador.

La situación se originó tras una auditoría interna iniciada en marzo, luego de detectarse inconsistencias en los volúmenes de producción informados al cierre de 2025. De acuerdo con Codelco, la revisión identificó una desviación total de 26.875 toneladas métricas finas, compuesta por 20.000 toneladas asociadas a óxidos de Chuquicamata y 6.875 toneladas correspondientes a arsenito de calcio de Ministro Hales.

La minera estatal explicó que esos materiales requerían procesamiento adicional y no debieron ser considerados como producto terminado. Producto de esta corrección, la producción propia de Codelco para 2025 fue ajustada desde 1.334.445 toneladas métricas finas a 1.307.570 toneladas métricas finas, lo que representa una disminución cercana al 2%.

El impacto no solo alcanza al reporte productivo de la estatal, sino también al sistema de incentivos variables. Según consignó La Tercera/Pulso, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, señaló que el ajuste obliga a recalcular los bonos pagados por cumplimiento de metas, proceso que deberá ejecutarse con gradualidad y apego a derecho.

En paralelo, Codelco informó oficialmente que, tras concluir la auditoría interna, resolvió la desvinculación de un ejecutivo, la aplicación de medidas disciplinarias contra otros profesionales involucrados y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades penales.

La estatal también precisó que la auditoría no identificó efectos negativos que obliguen a modificar los estados financieros auditados correspondientes a 2025. Sin embargo, la corrección productiva ya generó efectos internos relevantes, especialmente por el recálculo de remuneraciones variables asociadas a metas operacionales.

El caso golpea a operaciones clave del norte minero, especialmente en la Región de Antofagasta, donde se ubican Chuquicamata y Ministro Hales. Ambas divisiones forman parte del corazón productivo de Codelco y tienen un peso estratégico en la producción nacional de cobre, en los ingresos de la estatal y en los recursos fiscales que genera la minería para el país.

Sindicatos del norte minero se declaran en alerta

La situación también generó una reacción inmediata desde organizaciones sindicales vinculadas a Codelco. La Zonal Norte de la Federación de Trabajadores del Cobre declaró públicamente su “estado de alerta” frente a los antecedentes conocidos y expresó preocupación por el eventual impacto económico que esta corrección pudiera generar sobre trabajadores y trabajadoras de las divisiones involucradas.

En su comunicado, la organización rechazó “cualquier intento de traspasar a los trabajadores y trabajadoras las consecuencias de una eventual mala gestión administrativa, operacional o económica derivada de decisiones ejecutivas ajenas a la fuerza laboral”. Además, sostuvo que los trabajadores no pueden transformarse en la “variable de ajuste” frente a responsabilidades que, a su juicio, deben ser determinadas en los niveles correspondientes de administración y dirección de la empresa.

La Zonal Norte también informó que mantendrá un monitoreo permanente ante cualquier medida que pueda afectar remuneraciones, bonos, incentivos o derechos adquiridos de sus representados. Junto con ello, llamó a la administración de Codelco y a su presidente ejecutivo a entregar claridad, transparencia y garantías concretas respecto de que los costos derivados de esta situación no serán asumidos por quienes sostienen diariamente la operación productiva.

En la misma línea, el Sindicato de Trabajadores de División Ministro Hales emitió una declaración en la que afirmó que sus socios no aceptarán transformarse en responsables ni terminar pagando las consecuencias de decisiones adoptadas en niveles ejecutivos y administrativos superiores de la Corporación.

El sindicato calificó como inaceptable que se instale un escenario de incertidumbre respecto de incentivos, metas y eventuales responsabilidades, especialmente cuando los trabajadores, según planteó la organización, han actuado conforme a instrucciones, procedimientos y lineamientos definidos por la propia administración.

La organización sindical advirtió que no permitirá que se traslade a los trabajadores el costo económico, laboral o reputacional derivado de esta situación. También exigió que las responsabilidades sean perseguidas donde correspondan, particularmente en los niveles ejecutivos y de administración que participaron en decisiones y autorizaciones cuestionadas por la auditoría interna de Codelco.

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores DMH pidió transparencia total en el desarrollo del proceso y garantías concretas de que no existirán represalias directas ni indirectas contra trabajadores ni dirigentes sindicales. La organización llamó a sus socios a mantenerse unidos, atentos e informados, y aseguró que seguirá monitoreando permanentemente la situación para resguardar a sus trabajadores y sus familias.

La controversia instala una discusión mayor sobre los sistemas de control, trazabilidad y gobernanza interna en empresas estratégicas del Estado. En una industria donde las metas productivas inciden directamente en bonos, resultados corporativos y expectativas del mercado, la precisión de los reportes operacionales constituye un elemento crítico para la confianza institucional.

Codelco informó que instruyó la revisión y actualización de su normativa interna sobre reportes de producción, incorporando estándares y mejores prácticas internacionales. La medida busca fortalecer los procesos corporativos y evitar que situaciones similares vuelvan a afectar la gestión productiva y laboral de la principal minera estatal del país.

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