Esta semana se dio un paso histórico en materia de igualdad de género y derechos laborales. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó la modificación al artículo 203 del Código del Trabajo, que elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras. Esta reforma, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, representa un cambio estructural que reconoce la corresponsabilidad en los cuidados y promueve una inclusión laboral más justa y equitativa.
Por décadas, la normativa vigente impuso un costo de contratación asociado exclusivamente a la presencia de mujeres en las empresas, configurando una barrera silenciosa que desincentivó su contratación, especialmente en el sector privado. Con esta modificación, el derecho a sala cuna se amplía a madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de dos años, sin distinción de género ni tamaño de empresa, avanzando hacia una política universal de cuidados.
La medida tiene además un impacto directo sobre la empleabilidad femenina, uno de los desafíos más persistentes en la región de Tarapacá, donde las brechas de participación laboral entre hombres y mujeres siguen siendo significativas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la tasa de participación femenina regional bordea el 46%, varios puntos por debajo de la masculina, y muchas mujeres declaran razones de cuidado familiar o falta de redes de apoyo como los principales motivos para no incorporarse al mundo laboral.
El nuevo sistema de Sala Cuna para Chile propone un financiamiento colectivo, mediante una cotización obligatoria del 0,3% de las remuneraciones imponibles a cargo del empleador, administrado por un Fondo de Sala Cuna Universal. Este fondo permitirá que todas las personas trabajadoras, dependientes e independientes, accedan a este derecho sin que ello dependa del tamaño de la empresa o del número de mujeres contratadas. Además, se crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad que garantizará la viabilidad y equidad del sistema, considerando las diferencias territoriales y de costos entre regiones.
En una región con una fuerte presencia de actividades productivas como la minería, la logística portuaria y el comercio, donde muchas mujeres trabajan bajo esquemas de turnos, subcontratación o informalidad, la universalización de la sala cuna es una política transformadora. No solo favorece la inserción y permanencia femenina en el mercado laboral, sino que fortalece la conciliación familiar y laboral en todos los hogares, promoviendo una cultura de corresponsabilidad que ya no distingue entre “quién cuida” y “quién trabaja”.
Como región, debemos entender que avanzar en trabajo decente, igualdad de oportunidades y conciliación de la vida personal y laboral no es solo un desafío de justicia social, sino también una estrategia de desarrollo. Cuando las mujeres pueden trabajar y cuidar con apoyo institucional, mejora la productividad, crecen los ingresos familiares y se amplía la base contributiva del sistema previsional.
El Proyecto de Ley de Sala Cuna para Chile es, en definitiva, una reforma estructural en el corazón del mundo del trabajo. Representa un acto de reparación histórica hacia las mujeres, pero también una señal clara de que el Estado y la sociedad avanzan hacia una nueva comprensión de los cuidados: como una tarea compartida, un derecho garantizado y un motor para la equidad y el desarrollo regional.