Piden prisión preventiva para seis funcionarios en caso Vía Crucis

La causa investiga compras irregulares en Gendarmería, el Ejército y el ex Sename. El debate de medidas cautelares continuará este martes con la exposición de las defensas.

La Fiscalía de Atacama solicitó la prisión preventiva de los seis funcionarios públicos imputados en el caso “Operación Vía Crucis”, que investiga compras irregulares de insumos en Gendarmería, el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil (ex Sename), con un perjuicio fiscal estimado en $1.111 millones. La petición se formuló este lunes, al cierre de la cuarta jornada de la audiencia de formalización.

Los imputados son cuatro funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban en Copiapó, una funcionaria del ex Sename que trabajaba en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de San Bernardo y un funcionario del Ejército. Para los particulares que administraban las empresas involucradas, la Fiscalía pidió arresto domiciliario total y arraigo nacional, medida que les impide salir del país.

El debate sobre las medidas cautelares continuará este martes, cuando las defensas expongan sus argumentos ante el tribunal.

Según la Fiscalía, los funcionarios se coordinaban con quienes administraban la Comercializadora Santa María y FyF SpA para intervenir en los procesos de compra de las tres instituciones, a cambio de beneficios económicos. La investigación estableció transferencias bancarias que iban desde $200 mil hasta $2,5 millones, montos que luego se redistribuían entre los imputados, además de la entrega de mercadería.

A los imputados se les comunicaron cargos por fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos. La investigación contó con el trabajo operativo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora Anticorrupción (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa se divide en tres aristas. La primera se investiga en Atacama y apunta a Gendarmería. Las otras dos corresponden al ex Sename y al Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra” del Ejército, cuyos antecedentes se expusieron en la audiencia de este lunes. De acuerdo con la Fiscalía, el modo de operar en esas dos líneas investigativas fue similar al detectado en Gendarmería.

El fiscal Luis Miranda Flores explicó que la investigación se originó en una denuncia reservada de Gendarmería, que dio cuenta de “mecanismos fraudulentos de adjudicación de insumos relacionados con procesos de compra de alimentación para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó”. Según el persecutor, en cada arista se identificaron cinco mecanismos mediante los cuales los funcionarios, “a partir de esta infracción de los deberes del cargo”, obtuvieron beneficios económicos traducidos en transferencias de los dueños de las empresas. Miranda agregó que se solicitó el alzamiento del secreto bancario extendido para reunir más antecedentes sobre los movimientos realizados.

En la audiencia de este lunes también se incorporó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que presentó una querella contra los funcionarios públicos y los particulares. La abogada Marsella Rojas señaló que la acción es acorde con los hechos formalizados y que el organismo participará “en cada una de las actuaciones que se desarrollen en esta causa y ante una eventual audiencia de Juicio Oral”.

Tras la exposición de las defensas, el tribunal deberá resolver las medidas cautelares que regirán para los imputados mientras se desarrolla la investigación.