- El gobierno de Gabriel Boric deja avances en litio y transición energética, pero enfrenta críticas por permisología, incertidumbre regulatoria y caída de inversión minera.
El cierre del gobierno de Gabriel Boric deja un balance complejo en minería, energía e industria, sectores estratégicos para el norte de Chile. Durante cuatro años, decisiones regulatorias, reformas institucionales y proyectos energéticos redefinieron el marco de inversión en regiones como Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Mientras algunos hitos marcaron avances en transición energética y desarrollo del litio, otros generaron preocupación en la industria por la lentitud de los permisos y la incertidumbre regulatoria.
Entre los principales cuestionamientos al período destaca la persistente crisis de la llamada “permisología”. Diversos gremios mineros y energéticos advirtieron que los tiempos de tramitación ambiental y sectorial aumentaron significativamente, afectando proyectos de cobre, energías renovables e infraestructura industrial. En regiones mineras del norte grande, donde se concentra gran parte de la inversión minera del país, varios proyectos enfrentaron retrasos prolongados en evaluaciones ambientales o judicialización.
A esta situación se sumó el clima de incertidumbre generado por el debate constitucional de los primeros años del gobierno. Durante ese período, empresas mineras y energéticas advirtieron sobre posibles cambios en derechos de propiedad, uso de agua y régimen de concesiones mineras. Si bien la propuesta constitucional fue rechazada en el plebiscito de 2022, el proceso dejó un período de cautela en la inversión extranjera, especialmente en proyectos vinculados al cobre y al litio.
Otro punto crítico fue el debate en torno al royalty minero. La reforma finalmente aprobada modificó el sistema de tributación de la gran minería del cobre. Aunque la industria valoró que el texto final entregara mayor estabilidad que las propuestas iniciales, el proceso legislativo generó tensiones con el sector productivo, que alertó sobre posibles impactos en la competitividad de Chile frente a países como Perú.
También surgieron cuestionamientos respecto de la estrategia nacional del litio. El anuncio de un modelo con mayor participación estatal generó debate entre inversionistas y analistas. Algunos sectores consideraron que la falta de claridad inicial sobre el rol de las empresas privadas y el Estado pudo retrasar decisiones de inversión en nuevos salares, particularmente en el norte del país.
Uno de los episodios más emblemáticos del período fue el conflicto en torno al proyecto minero-portuario Dominga, iniciativa de hierro y cobre ubicada en la región de Coquimbo. El proyecto, impulsado por la empresa Andes Iron, enfrentó reiteradas controversias políticas, ambientales y judiciales durante años. Durante el gobierno de Boric, el Comité de Ministros rechazó nuevamente la iniciativa, decisión que posteriormente fue revertida por tribunales ambientales, manteniendo el proyecto en un prolongado escenario de incertidumbre jurídica que se ha convertido en símbolo del debate sobre permisos y desarrollo minero en Chile.
Sin embargo, el período también registró avances relevantes. Uno de los hitos más significativos fue precisamente la definición de la Estrategia Nacional del Litio, que estableció un marco institucional para desarrollar este mineral crítico para la transición energética global. El acuerdo entre Codelco y SQM para operar en el Salar de Atacama se convirtió en uno de los movimientos más relevantes del sector en décadas, asegurando continuidad productiva y mayor participación estatal en el negocio.
En el ámbito energético, Chile consolidó su liderazgo regional en energías renovables. Durante el gobierno de Boric se aceleró la incorporación de proyectos solares y eólicos, particularmente en el norte del país, donde el desierto de Atacama concentra algunos de los mejores recursos solares del mundo. La expansión de estas tecnologías permitió aumentar la participación de energías limpias en la matriz eléctrica nacional.
Otro elemento relevante fue el avance en proyectos vinculados al hidrógeno verde. El gobierno impulsó acuerdos internacionales y programas de inversión orientados a posicionar a Chile como uno de los principales productores mundiales de este combustible limpio. Las regiones de Antofagasta y Atacama aparecen como territorios clave para el desarrollo de esta industria en las próximas décadas.
En minería del cobre, el período estuvo marcado por desafíos productivos en empresas estatales como Codelco, cuya producción registró caídas históricas en algunos años. Sin embargo, la compañía avanzó en la ejecución de proyectos estructurales destinados a sostener la producción futura, fundamentales para mantener el rol de Chile como principal productor mundial de cobre.
A nivel industrial, el gobierno impulsó políticas orientadas a diversificar la matriz productiva y promover encadenamientos tecnológicos asociados a minerales críticos, electromovilidad y energías limpias. No obstante, analistas señalan que el desafío pendiente sigue siendo transformar esa agenda en proyectos industriales concretos en regiones mineras.
En síntesis, el legado del gobierno de Gabriel Boric en minería, energía e industria presenta contrastes. Por un lado, se consolidaron avances en transición energética, litio e innovación tecnológica. Por otro, persistieron problemas estructurales vinculados a la tramitación de proyectos y a la velocidad de la inversión. Para el norte de Chile, donde la minería continúa siendo el principal motor económico, el próximo ciclo político deberá enfrentar el desafío de acelerar inversiones sin comprometer estándares ambientales ni seguridad jurídica.