- Más de $218 mil millones del royalty minero serán distribuidos entre más de 300 comunas del país para impulsar inversión local.
La implementación del royalty minero en Chile comenzó a mostrar sus primeros efectos territoriales con la distribución de más de $218 mil millones a municipios del país, recursos que buscan fortalecer la inversión pública local y mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos comunales.
El sistema, que entró en régimen durante 2025 tras la aprobación de la nueva ley de royalty, permitirá que más de 300 comunas —cerca del 90% de los municipios de Chile— reciban recursos provenientes de la actividad minera, beneficiando a millones de personas en todo el territorio nacional.
Estos fondos forman parte de un mecanismo que busca redistribuir parte de la riqueza generada por la minería hacia los territorios, particularmente hacia comunas que históricamente han tenido menor acceso a financiamiento para proyectos de desarrollo local.
El sistema contempla distintos instrumentos de financiamiento, entre ellos el Fondo de Comunas Mineras, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, mecanismos que canalizan los recursos hacia municipios y gobiernos regionales para financiar iniciativas locales.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva estructura del royalty podría generar cerca de US$2.000 millones anuales en recaudación fiscal, dependiendo del comportamiento del precio del cobre y del ciclo de la industria minera.
Antes de la entrada plena en régimen del sistema, durante 2024 se realizó una primera transferencia denominada “fondos puente”, mediante la cual se distribuyeron más de $93 mil millones a 307 municipios, anticipando parte de los recursos que posteriormente recibirían las comunas con la aplicación completa de la ley.
Los recursos provenientes del royalty son de libre disposición para los municipios, aunque deben destinarse a proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, tales como iniciativas de infraestructura urbana, seguridad pública, salud, educación o desarrollo ambiental.
El nuevo esquema representa una de las mayores transferencias de recursos frescos hacia los gobiernos locales en las últimas décadas y busca avanzar hacia una mayor equidad territorial, permitiendo que las comunas cuenten con herramientas financieras adicionales para enfrentar sus desafíos de desarrollo.
Para regiones mineras como Tarapacá, Antofagasta o Atacama, la distribución del royalty adquiere especial relevancia, ya que parte de los recursos retornan directamente a los territorios donde se genera la actividad extractiva, fortaleciendo la inversión pública local y la planificación del desarrollo regional.
Desde la perspectiva del desarrollo territorial, la implementación del royalty abre una nueva etapa en la relación entre minería y comunidades, al permitir que una parte de los ingresos generados por el cobre y otros minerales se traduzca en proyectos concretos en municipios a lo largo del país.