- A horas del cambio de mando presidencial en Chile, el nuevo gobierno que encabezará José Antonio Kast instala una agenda económica centrada en crecimiento, inversión y modernización institucional. Desde la perspectiva del ecosistema productivo que sigue Chile País Minero, varias de las propuestas contenidas en su programa podrían incidir directamente en el desarrollo de proyectos mineros, energéticos e industriales en el norte del país.
Cuando el reloj marca las primeras horas del 11 de marzo y Chile se prepara para el cambio de mando presidencial, la agenda económica del nuevo gobierno comienza a delinear el escenario en el que se desarrollará uno de los sectores estratégicos del país: la minería.
Chile continúa siendo el principal productor de cobre del mundo, con cerca del 24% de la producción global. Durante 2025 las exportaciones de cobre superaron los US$ 53.000 millones, consolidando al metal rojo como el principal motor del comercio exterior chileno. En términos estructurales, la minería representa entre 11% y 14% del Producto Interno Bruto dependiendo del ciclo del precio del cobre, y explica más del 50% de las exportaciones nacionales.
Gran parte de esta actividad se concentra en el norte del país. Regiones como Antofagasta, Tarapacá y Atacama concentran la mayor parte de la producción cuprífera y de minerales estratégicos, lo que convierte a estos territorios en el núcleo productivo de la minería chilena.
En ese contexto, uno de los pilares del programa del nuevo gobierno apunta a la reactivación de la inversión privada, con medidas orientadas a simplificar regulaciones, modernizar el sistema de permisos y fortalecer la seguridad jurídica para proyectos de gran escala.
Uno de los aspectos más relevantes para la industria minera es la propuesta de agilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Durante la última década, el sector ha advertido un aumento significativo en los tiempos de aprobación de proyectos. Diversos estudios señalan que grandes iniciativas mineras pueden tardar entre cinco y siete años en completar su tramitación ambiental, especialmente cuando enfrentan judicialización o procesos de reevaluación.
La propuesta del nuevo gobierno plantea revisar regulaciones consideradas redundantes, fortalecer el componente técnico de las evaluaciones y acelerar procesos administrativos con el objetivo de reducir los tiempos de aprobación sin modificar los estándares ambientales.
El debate no es menor si se considera la magnitud de la inversión proyectada en el sector. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la cartera de proyectos mineros en Chile supera los US$ 65.000 millones hacia 2033, con fuerte concentración precisamente en el norte del país.
Otro elemento relevante del programa es el impulso a la exploración minera, mediante la creación de un repositorio digital público de información geológica. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a datos técnicos para empresas, centros de investigación y nuevos inversionistas, reduciendo barreras de entrada para el desarrollo de campañas exploratorias.
La exploración ha sido una de las áreas más sensibles para la minería chilena durante los últimos años. Aunque el país mantiene un liderazgo histórico en cobre, varios estudios internacionales han advertido una disminución en la participación de Chile en presupuestos globales de exploración.
El componente energético también aparece como un eje central para el desarrollo minero. La minería es responsable de aproximadamente 35% del consumo eléctrico del país, lo que convierte al sistema energético en un factor crítico para la competitividad de la industria.
El programa plantea avanzar hacia una transición energética diversificada, basada en la expansión de energías renovables, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y el fortalecimiento de la estabilidad del sistema eléctrico.
Las regiones del norte han liderado este proceso. Actualmente, más del 60% de la capacidad solar instalada de Chile se concentra en Antofagasta y Tarapacá, territorios que combinan alto potencial de generación con grandes centros de consumo energético vinculados a la minería.
En paralelo, el programa también menciona la facilitación de proyectos intensivos en energía como hidrógeno verde, desalación y nuevas industrias tecnológicas, sectores que podrían generar encadenamientos productivos relevantes en el norte.
El agua se ha transformado en otro factor estratégico para la minería. Según estimaciones de Cochilco, más del 50% del agua utilizada por la gran minería provendrá de fuentes desaladas hacia 2030, lo que ha impulsado el desarrollo de plantas desaladoras en la costa de Antofagasta y Atacama.
En materia de infraestructura, el programa plantea acelerar licitaciones portuarias, ampliar la capacidad logística para embarcaciones de mayor tamaño y fortalecer la red de carreteras estratégicas. Chile exporta millones de toneladas de cobre cada año, por lo que la eficiencia de la infraestructura logística resulta clave para mantener competitividad en los mercados internacionales.
El documento también propone avanzar hacia un estatuto de inversión que entregue mayor estabilidad jurídica a proyectos intensivos en capital, especialmente aquellos que incorporen transferencia tecnológica o desarrollo de capital humano.
Chile ha sido históricamente uno de los destinos más relevantes de inversión minera en América Latina, con presencia de compañías provenientes de Canadá, Australia, Japón, China y Estados Unidos.
No obstante, el programa presenta menor desarrollo en áreas estratégicas para el futuro del sector, como el modelo de explotación del litio o la creación de cadenas de valor asociadas a minerales críticos. Chile posee cerca del 36% de las reservas mundiales de litio, concentradas principalmente en el Salar de Atacama, pero el documento no detalla aún un esquema específico de gobernanza o desarrollo industrial para este mineral.
En materia laboral, el programa plantea fortalecer la formación técnico-profesional vinculada al sector productivo. La minería genera actualmente más de 280 mil empleos directos e indirectos en Chile, y enfrenta desafíos crecientes en formación de capital humano especializado en áreas como automatización, mantenimiento avanzado y digitalización de procesos.
Finalmente, el eje de seguridad también aparece con implicancias indirectas para la actividad productiva. El programa propone reforzar la infraestructura fronteriza, mejorar sistemas de vigilancia y fortalecer la presencia institucional en zonas críticas.
En regiones como Tarapacá y Antofagasta, donde convergen rutas logísticas mineras, corredores comerciales y desafíos de seguridad territorial, estas medidas podrían influir en la continuidad operacional del transporte de insumos industriales y exportaciones.
A horas de iniciar un nuevo período presidencial, la agenda económica del nuevo gobierno instala así varios ejes que marcarán la discusión minera en los próximos años: inversión, permisos ambientales, transición energética, infraestructura logística y seguridad territorial en el norte productivo del país.