- La minera afirmó que la anulación de la RCA se acota a la desaladora y medio humano, mientras mantiene vigente el resto del proyecto C20+.
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi informó que fue notificada del resultado de la aclaración presentada ante el Segundo Tribunal Ambiental, respecto de la sentencia dictada el pasado 14 de mayo sobre el proyecto C20+. La compañía sostuvo que la resolución delimita el alcance de la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental, concentrándola en materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano.
En su declaración oficial, emitida este 21 de mayo de 2026, Collahuasi señaló textualmente que fue “notificada del resultado de la aclaración presentada por la compañía ante el Segundo Tribunal Ambiental, respecto de la sentencia del 14 de mayo pasado, estableciendo que la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, se encuentra acotada a materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano, con foco en ambas comunidades reclamantes, manteniendo la vigencia y ejecución del resto de los aspectos contemplados en nuestra RCA”.
La precisión judicial abre una nueva etapa para el proyecto C20+, una iniciativa relevante para la continuidad operacional de Collahuasi en la Región de Tarapacá. Según la empresa, el resto de los aspectos contemplados en la RCA mantiene su vigencia y ejecución, lo que permite distinguir entre los componentes observados por el tribunal y aquellos que no fueron alcanzados por la anulación.
El punto más sensible se concentra en la planta desaladora, componente estratégico para avanzar hacia una operación abastecida con agua desalada. La compañía informó que, desde la notificación de la sentencia, las obras y pruebas asociadas a esta infraestructura se encuentran paralizadas.
“Desde que fue notificada la sentencia, la construcción y pruebas de la planta desaladora se encuentran detenidas. Actualmente, sólo se realizan acciones mínimas de mantención y seguridad”, indicó Collahuasi en su declaración.
Tras la aclaración del Segundo Tribunal Ambiental, la minera manifestó su disposición a colaborar con el Servicio de Evaluación Ambiental para avanzar en el cumplimiento de lo resuelto y recuperar la autorización completa del proyecto. En esa línea, la compañía afirmó que mantiene como objetivo avanzar hacia una operación minera abastecida con agua desalada.
“Tras la aclaración del Tribunal, la compañía manifiesta su completa disposición al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, para avanzar con la mayor celeridad posible en el cumplimiento de lo resuelto, con el objetivo de obtener nuevamente la autorización íntegra del proyecto y avanzar definitivamente hacia una operación abastecida con agua desalada”, agregó la empresa.
El proyecto C20+ considera una inversión cercana a los US$3.200 millones y busca extender la vida útil de Collahuasi por 20 años. Su desarrollo resulta clave para la actividad minera en Tarapacá, tanto por el peso productivo de la faena como por su relación con empleo, proveedores, infraestructura y competitividad territorial.
La planta desaladora forma parte de una tendencia creciente en la gran minería del norte de Chile, donde las compañías buscan reducir la presión sobre fuentes hídricas continentales y fortalecer el uso de agua de mar desalinizada en sus operaciones. En este caso, sin embargo, el componente quedó directamente asociado a las materias que deberán ser abordadas tras la sentencia y su posterior aclaración.
Collahuasi también defendió la tramitación ambiental realizada para el proyecto. La compañía sostuvo que “la evaluación ambiental del proyecto C20+ se ajustó a la normativa vigente y a la institucionalidad ambiental”, junto con remarcar que mantiene un vínculo activo y permanente con agrupaciones costeras del sur de Iquique.
El caso vuelve a instalar una discusión relevante para la minería chilena: cómo compatibilizar inversión, continuidad operacional, evaluación ambiental, participación de comunidades y certeza jurídica en proyectos de alta complejidad técnica. En Tarapacá, el desenlace será seguido con especial atención por su impacto potencial en la actividad económica regional y en la proyección de uno de los yacimientos de cobre más importantes del país.
Por ahora, el escenario queda dividido en dos planos: por una parte, la empresa afirma que la RCA mantiene vigente el resto de sus componentes; por otra, la planta desaladora y las materias vinculadas al medio humano deberán avanzar conforme a lo resuelto por el Segundo Tribunal Ambiental y al proceso que se desarrolle ante el SEA.