- Codelco, la cuprífera estatal, se ha presentado históricamente como una empresa comprometida con la protección de la vida y la integridad de sus trabajadores. Sin embargo, la tragedia ocurrida el 31 de julio en la División El Teniente, que dejó seis personas fallecidas, vuelve a poner en duda la eficacia real de sus políticas de seguridad.
El fatal derrumbe ocurrido el 31 de julio en la División El Teniente, que dejó seis trabajadores muertos, vuelve a poner bajo cuestionamiento la efectividad de la política de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco. Aunque la cuprífera estatal insiste en que proteger la vida es un valor irrenunciable, la magnitud del accidente y sus consecuencias revelan fallas estructurales en la implementación de sus protocolos.
De acuerdo con datos oficiales, el colapso afectó más de 3.700 metros de túneles, cifra muy superior a los 700 metros que la propia empresa informó en un inicio. Cinco de las víctimas quedaron atrapadas en el sector Andesita y una falleció inmediatamente, todas ellas pertenecientes a empresas contratistas que operaban en la mina subterránea más grande del mundo.
En respuesta, Codelco suspendió a las contratistas relacionadas con el área afectada hasta el 13 de agosto y anunció cambios en la administración. Andrés Music dejó su cargo como gerente general de El Teniente, y fue reemplazado interinamente por Claudio Sougarret, con la misión de liderar un Plan de Retorno Seguro y Gradual. El reinicio parcial de operaciones fue autorizado únicamente en sectores no afectados, bajo supervisión de Sernageomin y la Dirección del Trabajo.
La Fiscalía de O’Higgins, encabezada por el fiscal Aquiles Cubillos, investiga si existió negligencia en la aplicación de protocolos y si las medidas preventivas establecidas por la empresa fueron suficientes para mitigar riesgos en una zona que, según los registros internos, estaba considerada segura. Sernageomin, por su parte, ordenó la paralización de sectores críticos y exigió evaluaciones geotécnicas y monitoreo sísmico permanente.
La tragedia llevó al presidente Gabriel Boric a decretar duelo nacional y solicitar una revisión integral de los procedimientos de seguridad en la minería, con énfasis en las operaciones de Codelco. Organizaciones sindicales y comunidades cercanas a la faena han insistido en que no basta con declaraciones corporativas, y que es urgente implementar cambios profundos que aseguren que la productividad no se imponga sobre la vida de los trabajadores.
El caso de El Teniente se ha convertido en un punto de inflexión para el debate sobre la seguridad en la minería chilena, y particularmente sobre la coherencia entre el discurso institucional de Codelco y su aplicación real en terreno.
