- La controversia por las cifras productivas de Codelco escaló al Congreso luego de que diputados republicanos solicitaran una Comisión Investigadora por la presunta desviación de cerca de 20 mil toneladas métricas finas de cobre en los resultados de producción 2025 de la División Chuquicamata.
El nuevo flanco político surge tras conocerse una auditoría interna preliminar de la estatal, que habría detectado diferencias en el registro de producción del cierre de 2025. De acuerdo con los antecedentes difundidos, determinados volúmenes habrían sido incorporados como producción terminada pese a no cumplir con todas las condiciones técnicas requeridas para ser contabilizados dentro del último mes del año.
El caso generó la reacción de los diputados republicanos e integrantes de la Comisión de Minería, Stephanie Jéldrez, Carlo Arqueros e Ignacio Urcullú, quienes anunciaron oficios al directorio de Codelco y respaldaron la apertura de una instancia investigadora para esclarecer los antecedentes. La ofensiva parlamentaria instala el debate en torno a la trazabilidad de la producción, el control de costos y los estándares de gobernanza de la principal empresa pública del país.
La revisión fue encargada por el Comité de Auditoría del Directorio de Codelco y apunta al reporte de producción del cierre de 2025 en Chuquicamata, una de las divisiones históricas de la Corporación Nacional del Cobre. La estatal ha sostenido que el procedimiento sigue en desarrollo, contempla revisión de antecedentes y considera el derecho a descargos de las personas involucradas.
El punto central de la controversia está en el salto productivo informado por Codelco en diciembre de 2025, cuando la compañía reportó 172.300 toneladas métricas finas. Esa cifra contrastó con el promedio mensual del año y con la caída posterior registrada en enero de 2026, comportamiento que encendió alertas sobre la consistencia de los registros productivos y el cumplimiento de metas internas.
Desde el Partido Republicano, la diputada Stephanie Jéldrez sostuvo que Codelco es uno de los principales activos estratégicos del Estado y que, por esa razón, debe operar con los más altos estándares de transparencia y eficiencia. La parlamentaria vinculó este caso con otros cuestionamientos a la gestión de la estatal, entre ellos los sobrecostos del proyecto Rajo Inca y gastos asociados a remodelaciones corporativas.
“Sin trazabilidad de la producción y sin control efectivo de los costos, no es posible garantizar ni el futuro de la empresa, ni los aportes que ésta debe seguir entregando al país”, afirmó Jéldrez, apuntando directamente al impacto que una eventual falla de control interno puede tener sobre la sostenibilidad financiera y reputacional de la cuprífera.
En la misma línea, el diputado Carlo Arqueros señaló que los antecedentes conocidos comprometen la confianza en la gestión de Codelco y justifican una fiscalización formal desde la Comisión de Minería. El parlamentario sostuvo que no se trata de un cuestionamiento personal a los ejecutivos de la estatal, sino de exigir explicaciones frente a cifras que pudieron haber incidido en el cumplimiento de metas productivas y en eventuales beneficios asociados al desempeño.
Arqueros anunció que se oficiará a la compañía y que se cruzará la información disponible para transparentar lo ocurrido con los rendimientos operativos. Su planteamiento apunta a determinar si las cifras reportadas reflejaron producción efectiva o si existieron criterios administrativos que alteraron la lectura productiva del cierre anual.
Por su parte, el diputado Ignacio Urcullú afirmó que solicitó formalmente la creación de una Comisión Investigadora sobre Codelco. El parlamentario por Atacama sostuvo que el Congreso no puede avanzar “a ciegas” frente a un informe preliminar que denuncia 20 mil toneladas de producto no registradas correctamente, y que se requiere claridad respecto del uso de los recursos de la Corporación Nacional del Cobre.
La presión parlamentaria se suma a un cuadro más amplio de cuestionamientos sobre la gestión de la estatal. Durante los últimos días, la controversia por la auditoría interna también abrió preguntas sobre la relación entre metas productivas, bonos de desempeño y mecanismos de control interno. Aunque Codelco ha evitado adelantar conclusiones mientras el proceso no finalice, el caso ya instaló una discusión pública sobre la calidad de los sistemas de trazabilidad en la minería estatal.
El episodio tiene especial relevancia para la Región de Antofagasta, donde Chuquicamata mantiene un peso histórico y productivo dentro de la minería chilena. La división no solo representa una operación emblemática para Codelco, sino también un activo estratégico asociado a empleo, encadenamiento productivo, recursos fiscales y reputación industrial del país.
La eventual creación de una Comisión Investigadora marcaría un nuevo nivel de fiscalización sobre la estatal. A diferencia de una auditoría interna, una instancia parlamentaria permitiría recopilar antecedentes, citar autoridades, solicitar información formal y establecer responsabilidades políticas o administrativas respecto de los hechos investigados.
Hasta ahora, el antecedente confirmado es que la auditoría interna sigue en desarrollo y que Codelco no ha entregado conclusiones definitivas. Sin embargo, la reacción parlamentaria confirma que el caso dejó de ser un asunto estrictamente corporativo y pasó a convertirse en un tema de interés público, con impacto directo en la confianza sobre la principal empresa minera del Estado.
La controversia ocurre en un momento de alta exigencia para la minería chilena, marcada por desafíos de productividad, eficiencia operacional, seguridad, control de costos y legitimidad institucional. En ese escenario, la definición final de la auditoría será clave para establecer si se trató de una diferencia procedimental, una falla de control interno o una distorsión relevante en los reportes productivos de Codelco.