- La CNE reconoció un error técnico que infló las boletas eléctricas durante años. El Gobierno anuncia correcciones y auditorías, las generadoras marcan responsabilidades estatales y crece la presión ciudadana por compensaciones.
La polémica estalló en cosa de horas y puso en tensión a todo el sistema eléctrico chileno. Un “error técnico” en la metodología de cálculo tarifario derivó en cobros indebidos a millones de hogares y pequeños comercios, instalando un conflicto directo entre Estado, empresas y ciudadanía. Lo que parecía un ajuste regulatorio más terminó destapando una falla de origen que golpea la confianza pública en la gestión tarifaria.
El error —detallado en el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— consistió en aplicar dos veces el efecto del IPC, combinando una tasa de interés nominal con un reajuste por inflación. El resultado fue un sobreprecio que se trasladó a los usuarios regulados y que se mantuvo por varios ciclos tarifarios sin que nadie lo advirtiera. El organismo regulador ya anunció que corregirá la fórmula, lo que permitirá una baja promedio de 2% en las cuentas de luz a partir de enero de 2026, pero la ciudadanía exige algo más que una corrección futura: quiere devolución de lo cobrado de más.
La controversia no se limita a un tecnicismo contable. En Chile, la electricidad es uno de los precios base del sistema económico: influye directamente en costos de producción, servicios y reajustes. La UF y el IPC —ambos afectados por este error— son mecanismos de indexación que se aplican en arriendos, créditos hipotecarios, seguros, servicios básicos y contratos comerciales. Al duplicar el efecto inflacionario en la tarifa eléctrica, se generó un arrastre indirecto sobre otros precios indexados, amplificando el impacto en la economía familiar. Este sobreprecio energético no solo encareció las cuentas de luz, también incidió en el reajuste de dividendos, arriendos y pagos atados a la UF, afectando a millones de personas que jamás imaginaron que un error regulatorio podía repercutir en su presupuesto mensual. La corrección de tarifas a partir de 2026 aliviará cuentas futuras, pero no revierte los efectos inflacionarios acumulados entre 2024 y 2025. El Estado enfrenta, por tanto, un desafío mayor que corregir una fórmula: debe dimensionar el daño económico real en un país altamente indexado.
La crisis tuvo consecuencias inmediatas. El ministro de Energía, Diego Pardow, dejó el cargo y el presidente Boric designó a Álvaro García como nuevo biministro de Energía y Economía, con la misión de conducir el ajuste tarifario y establecer mecanismos de compensación. La Contraloría inició una auditoría especial y la CNE abrió su proceso a observaciones. En el Congreso, parlamentarios de oposición anunciaron que fiscalizarán tanto al regulador como a las empresas distribuidoras para esclarecer cómo el error pasó inadvertido durante tantos años.
Generadoras de Chile, gremio que agrupa a las empresas generadoras eléctricas, emitió una declaración en la que remarcó que “el proceso de fijación tarifaria eléctrica es un procedimiento regulado… y las autoridades públicas son responsables de los cálculos asociados”. El sector privado —añadieron— se limita a aplicar los parámetros definidos por la autoridad y no participa en el diseño ni aprobación de la metodología. También subrayaron que una vez publicado el decreto, aplicarán los ajustes con transparencia y apego a la ley, y llamaron a fortalecer la capacidad técnica del Estado, dada la complejidad creciente del sistema eléctrico.
Los efectos no han sido iguales en todo el país. Regiones como Coquimbo y parte del sur registraron alzas superiores al promedio, mientras que en el norte grande y en la zona central el impacto fue más acotado. La CNE anticipó que las futuras rebajas también tendrán diferencias territoriales, lo que anticipa un debate sobre criterios de mitigación.
El caso no afecta a la gran minería ni a grandes consumidores; golpea a familias, pymes y comercios regulados, es decir, a la base del sistema. Son esos sectores los que absorbieron durante meses los efectos combinados del alza eléctrica, el IPC y la UF. La reacción ciudadana ha sido inmediata: organizaciones de consumidores presionan al SERNAC para que active mecanismos legales, mientras parlamentarios exigen devoluciones retroactivas y responsabilidades administrativas.
Este episodio deja una lección clara: la institucionalidad energética chilena necesita rigor técnico, trazabilidad y controles efectivos. La sofisticación del sistema eléctrico es innegable, pero su estabilidad depende de que las reglas se apliquen correctamente y que los errores no se transformen en sobrecostos para los hogares. La rebaja proyectada para 2026 es necesaria, pero no suficiente si no se aborda la reparación económica real a quienes ya pagaron de más.
