- Este lunes comenzó a regir en Chile la Ley de Permisos Sectoriales, normativa que promete agilizar la inversión con tramitación paralela, ventanilla única digital y reducción significativa de plazos.
Este lunes se concretará un cambio largamente esperado por el sector productivo: la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Permisos Sectoriales, que busca simplificar y acortar los plazos en la obtención de autorizaciones para proyectos de distinta envergadura. Con ello comienza a regir un nuevo marco que promete reducir la burocracia y facilitar la inversión en Chile.
Durante años, empresas y gremios coincidieron en que la denominada “permisología” se había convertido en un obstáculo para la ejecución de iniciativas públicas y privadas. Por ello, en 2024 el Gobierno presentó un paquete de reformas, de las cuales esta es la primera en entrar en vigor. Tras su paso por el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Contraloría, la norma quedó lista para su implementación.
Uno de los cambios más relevantes es la tramitación paralela. Hasta ahora, los permisos debían solicitarse uno tras otro, encadenando demoras que podían superar un año. Con el nuevo esquema, los distintos trámites podrán gestionarse en simultáneo. Ejemplos prácticos entregados por el ministro de Economía, Álvaro García, muestran la magnitud del giro: un jardín infantil que antes demoraba 14 meses en completar permisos podrá hacerlo en dos; lo mismo ocurrirá con pequeños restaurantes u otras pymes.
La ley también introduce reglas comunes para todos los procedimientos: formularios estándar, exámenes de admisibilidad, plazos máximos y el uso del silencio administrativo como respaldo al solicitante. Este último mecanismo establece que, si un organismo público no responde en el tiempo legal, el permiso se entenderá concedido, salvo excepciones.
Junto con ello, se incorporan las denominadas Técnicas Habilitantes Alternativas, como la declaración jurada y mecanismos simplificados para actividades de bajo o mediano riesgo, además de la creación de una ventanilla única digital que concentrará la gestión de solicitudes. Esta plataforma será administrada por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.
Para proyectos estratégicos —como grandes obras de energía, logística o minería— se fijó un régimen especial que reduce los plazos a la mitad y otorga estabilidad regulatoria por hasta ocho años tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Aunque algunos aspectos requieren reglamentos adicionales, la tramitación paralela y el ingreso obligatorio por ventanilla única comienzan a operar desde el mismo día de la promulgación. El resto de las disposiciones quedará plenamente vigente en marzo de 2026.
El Ministerio de Hacienda proyecta que los tiempos de tramitación se acorten entre 30% y 70%, con un impacto económico estimado en un 0,59% adicional del PIB por la activación de proyectos detenidos. A diez años, los cálculos oficiales apuntan a un alza acumulada del 2,4% en la economía nacional, con un efecto positivo en la creación de empleo.
