- Codelco presentó una querella por cohecho y lavado de activos contra la exministra Ángela Vivanco, su pareja y otros involucrados en el caso Belaz Movitec.
Codelco presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Víctor Migueles y otros cinco involucrados, luego de que el Ministerio Público expusiera evidencia calificada como contundente durante la formalización de los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos, y del contador Migueles. La acción judicial apunta a la existencia de intervenciones indebidas, beneficios económicos ilegítimos y presiones internas que habrían favorecido al Consorcio Belaz Movitec en un litigio clave contra la estatal.
La acción legal, ingresada el 15 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sostiene que las actuaciones descritas por la Fiscalía coinciden plenamente con las irregularidades advertidas por Codelco desde 2023, cuando el caso Movitec derivó en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones. Según la estatal, aquello no fue un episodio aislado, sino un patrón sostenido de decisiones aceleradas, resoluciones irregulares y gestiones judiciales que apuntaban de manera sistemática a un resultado favorable para el consorcio.
El documento describe que la exministra Vivanco habría intervenido reiteradamente para influir en resoluciones claves. Entre los episodios señalados figura la instrucción para que una sala revisara una orden de no innovar y el fondo del recurso sin la resolución correspondiente del presidente de la Corte Suprema, así como la dictación de una resolución que intentaba validar un trámite sin el decreto previo obligatorio. Para la estatal, estas actuaciones constituyen infracciones directas a los deberes del cargo, ejecutadas a cambio de beneficios económicos destinados a la exministra y/o a su pareja, según la exposición del Ministerio Público.
Uno de los antecedentes más relevantes mencionados por la Fiscalía es la secuencia de depósitos en efectivo recibidos por Migueles inmediatamente después de que Codelco efectuara pagos millonarios a Movitec. La querella detalla cómo recursos provenientes de pagos del consorcio al estudio jurídico de Lagos y Vargas llegaron posteriormente a cuentas asociadas a Migueles, transitando a través de operaciones atribuidas al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; al conservador de Chillán, Yamil Najle; y al dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro. Estas maniobras, según Codelco, tenían como objetivo ocultar el origen ilícito de los fondos.
La estatal recuerda en su presentación que fue reconocida como víctima en la investigación iniciada de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024. Desde entonces, Chile País Minero ha reportado el caso en diversas etapas, destacando que la compañía estatal ha colaborado activamente con la Fiscalía mediante la entrega de antecedentes, solicitudes de diligencias y asistencia permanente en todas las instancias procesales para esclarecer el alcance completo de los hechos.
Con esta nueva querella, Codelco busca mantener su participación como querellante con todas las facultades que la ley otorga, con el objetivo de avanzar en la determinación de responsabilidades por cohecho agravado, soborno y lavado de activos, además de eventuales delitos que puedan surgir durante la investigación. La empresa subraya que actuará con rigor absoluto para proteger la fe pública y resguardar los recursos que pertenecen a todas y todos los chilenos.
El Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible la querella este martes 18 de noviembre, confirmando la continuidad de un proceso judicial que, según la Fiscalía, aún tiene líneas investigativas en desarrollo y nuevas aristas por esclarecer.