- El Tribunal Constitucional asestó un KO al Gobierno: rechazó la contienda de competencia del Comité de Ministros contra el Tribunal Ambiental de Antofagasta y respaldó su rol en la ejecución del fallo de diciembre 2024.
En un fallo clave para el futuro del proyecto Dominga, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó este miércoles la contienda de competencia presentada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Con ello, el máximo órgano jurisdiccional validó la facultad del tribunal ambiental para ejecutar sus propios fallos, permitiendo que el proyecto minero-portuario ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo, retome su tramitación ambiental.
La controversia se originó en enero de 2025, cuando el Comité de Ministros decidió rechazar nuevamente la iniciativa de Andes Iron, desoyendo una resolución previa del Tribunal Ambiental que había ordenado repetir la votación bajo nuevos parámetros. El Gobierno acusó al tribunal de excederse en sus atribuciones y acudió al TC para zanjar la disputa institucional. Sin embargo, la votación terminó con cuatro votos a favor y uno en contra, confirmando que el órgano ambiental actuó dentro del marco de sus competencias al ejecutar una sentencia de diciembre de 2024.
“El Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible la contienda, reconociendo nuestra facultad para supervisar el cumplimiento de los fallos”, señalaron desde el ITA, en lo que fue leído como un golpe institucional al Ejecutivo y, al mismo tiempo, una señal clara de autonomía de los tribunales especializados. Con esta decisión, se levanta la suspensión administrativa impuesta al proceso de evaluación del proyecto, y Andes Iron queda habilitada para continuar con la tramitación.
La historia de Dominga ha estado marcada por vaivenes administrativos y judiciales desde 2017. Tras su rechazo inicial en la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, el proyecto logró revertir esa decisión en tribunales, solo para ser rechazado nuevamente por el Comité de Ministros en distintas oportunidades. La última resolución judicial había instruido repetir el proceso evaluador, dando paso a este nuevo conflicto que hoy parece resuelto.
El caso Dominga, más allá del proyecto en sí, ha vuelto a poner sobre la mesa los límites entre las atribuciones administrativas del Ejecutivo y las funciones jurisdiccionales de los tribunales ambientales, en un momento donde el país discute el equilibrio entre crecimiento económico y resguardo ambiental.
