- En audiencia de revisión de medidas cautelares, Quiborax solicitó al Primer Tribunal Ambiental autorización para operar parcialmente en el Salar de Surire. El CDE insiste en mantener la paralización total de faenas por presunto daño ambiental.
El Primer Tribunal Ambiental evaluó los argumentos de las partes en la causa por presunto daño ambiental en el Salar de Surire, donde la empresa Quiborax mantiene suspendidas sus operaciones de extracción de ulexita desde septiembre de 2024. Mientras la defensa de la compañía alegó riesgo de insolvencia inminente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió mantener la paralización, resguardando la integridad de un ecosistema protegido como sitio Ramsar en la Región de Arica y Parinacota.
Durante la audiencia, celebrada en el marco de la causa D-31-2024, el tribunal escuchó a los representantes legales de las partes involucradas. Este nuevo capítulo se da luego de que una audiencia de conciliación no lograra acuerdo semanas atrás.
La medida cautelar que mantiene paralizadas las faenas fue dictada en septiembre de 2024, a petición del CDE, y extendida sucesivamente, permitiendo de forma excepcional actividades de nivelación de áreas intervenidas y retiro de material acopiado. Dicha autorización se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2025.
Quiborax solicitó modificar esta medida, proponiendo un régimen de extracción restringido que le permita mantener operativa la empresa mientras se resuelve la causa. Su abogado, Ignacio Mujica, advirtió que “la medida cautelar nos llevaría al cierre de la empresa, que se encuentra al borde de la insolvencia”. Agregó que buscan “mantener un stock de ulexita” y evitar la liquidación de activos antes de la sentencia definitiva.
La postura fue respaldada por Hugo Botto, abogado de las comunidades indígenas aledañas, quien expresó que la situación “es angustiante no solo en lo económico, también en lo personal”, señalando que lo que se decida afectará directamente a las comunidades, pese a no ser parte formal del juicio.
Por su parte, el CDE, representado por el abogado Osvaldo Solís, solicitó mantener la medida vigente, permitiendo solo el transporte del material acumulado. “Debe mantenerse la paralización con posibilidad de nivelación, bajo las condiciones fijadas, hasta que exista una sentencia definitiva”, afirmó.
Antonio Pulgar, representante de los terceros coadyuvantes, pidió reforzar los mecanismos de control: “Debe reconocerse a la población afectada, mejorar la medición de caudales y fortalecer el monitoreo del material particulado en el salar”.
La decisión final quedará en manos de los ministros del Primer Tribunal Ambiental, quienes deberán resolver si autorizan el nuevo régimen propuesto, mantienen las medidas cautelares vigentes o las levantan hasta que se dicte sentencia definitiva.