- Editorial
La minería chilena ha sido, por décadas, un pilar de la economía nacional y un símbolo de la capacidad del país para desarrollar una industria de clase mundial. En ese contexto, Codelco no solo representa la principal empresa estatal, sino también un activo estratégico cuya legitimidad descansa en la confianza pública. Por ello, los recientes antecedentes relacionados con la División El Teniente trascienden el ámbito técnico y abren una discusión profunda sobre transparencia, responsabilidad y fe pública.
La denuncia presentada por Sernageomin ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, luego de detectar inconsistencias graves en informes técnicos entregados por la operación minera, instala una preocupación mayor: si la autoridad fiscalizadora recibe información que no refleja con precisión lo ocurrido en una faena de alto riesgo, se erosiona uno de los pilares fundamentales de la seguridad minera y de la gobernanza pública.
El impacto de esta situación no se limita a eventuales responsabilidades administrativas o judiciales. Afecta también la percepción ciudadana sobre la capacidad de las instituciones y de las empresas públicas para actuar con transparencia en contextos críticos. El Teniente ya había enfrentado un escenario complejo tras accidentes y paralizaciones productivas recientes, por lo que la aparición de cuestionamientos sobre la veracidad de los reportes profundiza el desgaste reputacional.
Desde la opinión pública surge una inquietud legítima: si la información técnica que respalda decisiones de seguridad y continuidad operacional presenta inconsistencias, ¿qué tan confiables son los sistemas de control y supervisión? Más aún, ¿se actuó oportunamente para evitar riesgos mayores?
En este contexto también aparece el debate sobre el rol del directorio y su conducción. La figura de su presidente, Máximo Pacheco, ha quedado inevitablemente en el centro de la discusión pública, no tanto por responsabilidades operativas directas, sino por el desafío de liderar institucionalmente a Codelco en uno de sus momentos más complejos recientes. La ciudadanía y el mundo minero esperan señales claras de gobernanza, transparencia y control efectivo frente a una crisis que compromete la credibilidad de la empresa.
Codelco ha iniciado cambios ejecutivos y ajustes internos, lo que muestra una reacción institucional ante la crisis. Sin embargo, trabajadores, comunidades y opinión pública esperan algo más que ajustes administrativos: exigen garantías de que situaciones similares no volverán a repetirse y que la seguridad y la transparencia no serán negociables frente a metas productivas.
El desafío para la estatal no es menor. Debe recuperar credibilidad en un momento donde la minería chilena enfrenta exigencias crecientes en materia ambiental, social y de gobernanza. La confianza se construye con información clara, decisiones responsables y una cultura organizacional que priorice la seguridad y la verdad por sobre cualquier otra consideración.
En última instancia, el daño más complejo de revertir no es productivo ni financiero, sino simbólico: cuando se debilita la fe pública en instituciones estratégicas, se pone en riesgo el consenso social que sostiene proyectos de largo plazo.
La oportunidad ahora es convertir esta crisis en un punto de inflexión. Transparentar, corregir y aprender de los errores puede permitir no solo recuperar la confianza, sino fortalecer estándares para toda la industria minera chilena.
Porque en minería, como en cualquier actividad que impacta al país entero, la seguridad y la confianza no son opcionales: son la base sobre la cual se construye el futuro.