- Una reforma a la glacier law en Argentina busca destrabar inversiones por US$40 mil millones en proyectos de cobre, mientras avance la agenda legislativa y genera debate político y ambiental.
La reciente aprobación por parte del Senado argentino de una reforma a la ley que protege glaciares y áreas periglaciales puede convertirse en un punto de inflexión para la minería del cobre en el país trasandino. El proyecto, promovido por el gobierno del presidente Javier Milei, fue respaldado con una votación de 40 a 31 en la Cámara alta y ahora avanza para su discusión definitiva en la Cámara de Diputados, con el objetivo de facilitar la inversión extranjera en una de las zonas cupríferas más atractivas de Sudamérica.
El centro de la reforma está en redefinir qué formaciones glaciares y periglaciales —estructuras de hielo o terreno helado vinculadas a reservas de agua— deben ser consideradas estratégicas y, por ende, protegidas bajo el marco legal. La legislación vigente desde 2010 impone un candado absoluto de actividades extractivas en todos los glaciares registrados, dificultando obtener permisos para proyectos mineros ubicados en alta montaña. La modificación permitiría que gobiernos provinciales determinen sus propios criterios de protección, alineando esa definición con evaluaciones técnicas y buscando reducir incertidumbres legales para los inversionistas.
La medida ha levantado expectativas en el sector minero internacional. Empresas de gran peso como Glencore, Lundin Mining y BHP Group han mostrado interés en invertir en los yacimientos cupríferos de Argentina, con estimaciones que superan los US$40 mil millones en capital comprometido para desarrollo de proyectos si se despejan los obstáculos regulatorios. A nivel de mercado, este nivel de inversión podría acercar al país a convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo, generando exportaciones por más de US$10 mil millones anuales a precios actuales del metal.
Proyectos como Vicuña, que agrupa las iniciativas Filo del Sol y Josémaría, y otros como El Pachón, ya cuentan con planes de inversión en expansión y tecnología, pero han enfrentado atrasos por las actuales restricciones legales sobre hielo y terrenos periglaciales. La industria sostiene que las nuevas normas, complementadas con el régimen de incentivos fiscales RIGI, entregarían mayor claridad jurídica y competitividad internacional para concretar estas inversiones de largo plazo.
Sin embargo, el debate político y social que ha surgido alrededor de la reforma es intenso. Organizaciones ambientalistas han criticado la iniciativa advirtiendo que una reducción de las protecciones podría comprometer reservas de agua dulce y afectar ecosistemas de montaña, especialmente en regiones donde las comunidades dependen de estas fuentes para riego y consumo. Defensores de la ley tradicional señalan que esta reforma prioriza intereses económicos por sobre criterios científicos y de conservación.
Para Chile —principal productor mundial de cobre— estos desarrollos en Argentina representan un movimiento importante en la configuración del mapa regional del cobre, con potencial competencia por inversiones, cadenas de suministro regionales y los flujos de exportación de este metal clave para la transición energética global.