- La disputa por una línea eléctrica clave para proyectos de cobre en Argentina abre tensión regulatoria y podría impactar el desarrollo minero regional.
El conflicto por la asignación de uso casi exclusivo de una línea eléctrica de 500 kV a un megaproyecto minero en San Juan, Argentina, generó oposición formal de la provincia de La Rioja, que advierte riesgos para su desarrollo productivo y energético.
La disputa por infraestructura energética estratégica volvió a instalar incertidumbre en el desarrollo de grandes proyectos mineros en el oeste argentino. Según reportes sectoriales, el gobierno de La Rioja formalizó su rechazo a la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar prioridad de uso a la denominada “Línea Minera” al proyecto cuprífero impulsado por la empresa Vicuña, vinculada a iniciativas como Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan.
La controversia se centra en la asignación de capacidad de transporte eléctrico en una infraestructura concebida originalmente como un corredor regional de integración energética entre varias provincias. Autoridades riojanas sostienen que la obra fue financiada con aportes federales y provinciales, por lo que entregar su uso preferente a un solo actor privado podría limitar el acceso de futuros proyectos productivos y energéticos en la región.
El eje técnico del debate radica en la ampliación de la línea, que actualmente opera en 132 kV y que el proyecto minero propone energizar hasta 500 kV mediante inversiones propias. A cambio, la compañía busca asegurar prioridad sobre gran parte de la capacidad disponible, lo que encendió alertas en autoridades provinciales y competidores potenciales por el impacto que tendría en la planificación energética de largo plazo.
Desde La Rioja advierten que la exclusividad podría afectar la conexión futura con el sistema eléctrico nacional y limitar el desarrollo de polos productivos regionales, incluyendo minería, generación renovable y otras actividades industriales. Incluso, el Ejecutivo provincial no descarta recurrir a instancias judiciales si la decisión regulatoria no se revisa en el proceso administrativo y de audiencia pública convocado por el organismo nacional.
Este tipo de tensiones refleja uno de los desafíos estructurales del crecimiento minero sudamericano: la disponibilidad de infraestructura crítica —como energía, agua o logística— para habilitar inversiones de gran escala. En el caso de los proyectos cupríferos de la cordillera argentina, la coordinación entre gobiernos, reguladores y empresas resulta clave para asegurar certezas operativas y viabilidad financiera en un contexto de creciente competencia global por capital minero.
El episodio también evidencia cómo los megaproyectos mineros pueden acelerar inversiones en redes eléctricas y transporte energético, pero al mismo tiempo generar disputas por la gobernanza de activos estratégicos. La resolución del conflicto será observada por inversionistas internacionales, ya que podría marcar precedentes regulatorios relevantes para futuros desarrollos cupríferos en la región andina, incluyendo iniciativas en Chile donde la expansión de infraestructura también se vincula directamente con competitividad sectorial y sostenibilidad productiva.