- Más de un tercio de los proyectos en evaluación ambiental corresponde a energía, en un sistema que aún enfrenta reprocesos y demoras.
En Chile, el debate sobre permisología dejó de ser técnico y pasó al centro de la discusión pública, con foco en cómo acelerar inversiones sin debilitar los estándares ambientales. En ese escenario, la evaluación ambiental aparece como uno de los principales puntos críticos para el avance de proyectos de energía, minería, inmobiliarios y saneamiento, según advirtió GHD Chile al analizar el comportamiento reciente del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Al cierre de marzo de 2026, el SEIA registraba 394 proyectos en evaluación. De ese total, 35% correspondía al sector energía, 17% a proyectos inmobiliarios, 14% a minería y 11% a saneamiento ambiental. En conjunto, estas iniciativas representaban una inversión aproximada de US$38.170 millones. La cifra confirma que el debate no solo tiene impacto regulatorio, sino también consecuencias directas en competitividad, dinamismo productivo y capacidad de ejecución de inversiones estratégicas para el país.
Karen Lassalle, gerenta de Evaluación Ambiental y Permisos de GHD Chile, sostuvo que el principal problema no radica únicamente en la cantidad de autorizaciones requeridas, sino en las dificultades que surgen durante la evaluación ambiental. Entre ellas mencionó observaciones reiteradas por líneas de base incompletas, exigencias técnicas múltiples, análisis de impactos acumulativos, modelaciones ambientales, gestión del recurso hídrico, planes de mitigación y compensación, además de procesos de participación ciudadana.
Desde esa perspectiva, el diagnóstico apunta a que una rebaja lineal del número de permisos no resolvería por sí sola el problema. La mirada técnica sugiere que el mayor efecto se lograría al mejorar la eficiencia, coordinación y anticipación dentro del sistema, comenzando desde la etapa inicial de evaluación ambiental. En sectores como energía y minería, esa complejidad aumenta por la extensión territorial de los proyectos, la superposición con áreas sensibles y la profundidad de los estudios exigidos tanto en declaraciones como en estudios de impacto ambiental.
GHD Chile también identifica nudos relevantes en permisos vinculados a organismos como la Dirección General de Aguas, Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, plantea que parte importante de esas dificultades podría abordarse antes, si los estudios ambientales incorporan tempranamente criterios técnicos alineados con los requerimientos sectoriales.
Entre las medidas propuestas aparecen el fortalecimiento de la prefactibilidad ambiental, el diseño de estudios más integrados con la ingeniería futura, la posibilidad de avanzar en tramitaciones paralelas en ciertos casos, el uso de inteligencia artificial para analizar expedientes y una mejor articulación entre evaluación ambiental y permisos sectoriales. El foco, en definitiva, apunta a reducir duplicidades, evitar reconsideraciones técnicas y entregar mayor certeza a proyectos que hoy siguen enfrentando tiempos extensos y reprocesos.
El debate por la permisología, por tanto, no se limita a simplificar trámites. También abre una discusión de fondo sobre la necesidad de elevar la calidad de los estudios, anticipar riesgos y fortalecer un sistema que permita compatibilizar inversión, resguardo ambiental y legitimidad social. Para Chile País Minero, ese equilibrio será clave en sectores como minería y energía, donde cada proyecto detenido repercute en empleo, desarrollo territorial y generación de recursos fiscales.