- La Corte de Antofagasta anuló el cumplimiento ambiental del proyecto Dominga y reabre la incertidumbre jurídica.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló el procedimiento de cumplimiento dictado por el Primer Tribunal Ambiental en la causa del proyecto Dominga, al considerar que fue aplicado de manera improcedente. La decisión devuelve la iniciativa de Andes Iron a un escenario de incertidumbre jurídica y administrativa, con impacto directo en proyecciones de inversión y desarrollo regional en Coquimbo.
La Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Dinko Franulic, Eric Sepúlveda y Jaime Rojas Mundaca, resolvió de manera unánime dejar sin efecto todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental tramitado desde febrero de 2025.
¿Cuál fue el error?
La Corte sostuvo que el Tribunal Ambiental intentó ejecutar una sentencia que no era ejecutable en esos términos.
Para que una sentencia pueda cumplirse forzadamente, debe declarar un derecho claro y definitivo a favor de una de las partes. En el caso Dominga, la sentencia previa de la Corte Suprema no aprobó ni rechazó el proyecto. Solo anuló una decisión anterior del Comité de Ministros y ordenó que se emitiera un nuevo pronunciamiento.
Según la Corte de Antofagasta, al no existir un derecho firme ni una resolución final sobre la calificación ambiental del proyecto, no correspondía iniciar un procedimiento de cumplimiento. Por eso calificó la actuación como un vicio procesal.
En simple: se intentó ejecutar una decisión que aún no cerraba el proceso.
Impacto en la inversión y el norte
El proyecto Dominga contempla una inversión cercana a los US$2.500 millones y ha sido considerado uno de los desarrollos minero-portuarios más relevantes en la Región de Coquimbo en la última década.
La decisión judicial no implica el rechazo del proyecto. Tampoco significa su aprobación definitiva. Lo que hace es reordenar el proceso y extender los plazos.
Para Coquimbo, donde se emplaza la iniciativa, el fallo prolonga la incertidumbre sobre empleo, encadenamientos productivos y potencial aporte a recursos fiscales. Para Antofagasta, sede del tribunal ambiental y de la corte que resolvió, el caso vuelve a evidenciar la complejidad jurídica que enfrentan los grandes proyectos estratégicos en Chile.
El fallo de la Corte de Antofagasta no define el futuro de Dominga, pero sí marca un nuevo hito en su extensa judicialización. Más allá del proyecto específico, la resolución reabre el debate sobre certeza jurídica, competencias institucionales y el equilibrio entre inversión minera y evaluación ambiental en el país.