- Empresa presentó recurso ante la Corte Suprema tras calificar de “ilegal” el fallo que anuló un procedimiento clave en la tramitación del proyecto Dominga.
El Proyecto Dominga sumó un nuevo episodio judicial luego de que Andes Iron calificara como “ilegal” el fallo dictado el 20 de febrero de 2026 por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La empresa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile para revertir la sentencia, que anuló el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental Comunicado_Dominga_ 28 Feb (2).
Según el comunicado oficial, la compañía estima que la resolución impide ejecutar una sentencia firme vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica del proceso Comunicado_Dominga_ 28 Feb (2). El fallo se enmarca en una controversia más amplia que incluye el rechazo del Comité de Ministros en enero de 2025, decisión que también fue impugnada mediante un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental.
El proyecto, emplazado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, contempla una inversión superior a US$ 2.500 millones y considera la construcción de una mina y un terminal portuario asociado. Antes de las últimas resoluciones judiciales, la iniciativa avanzaba en la obtención de permisos sectoriales con miras a iniciar su etapa de construcción durante el primer semestre del año Comunicado_Dominga_ 28 Feb (2).
De acuerdo con la empresa, la discusión actual no aborda la evaluación técnica del proyecto, sino la legalidad de los actos administrativos y judiciales que han intervenido en su tramitación Comunicado_Dominga_ 28 Feb (2). No obstante, Dominga ha sido objeto de extensas revisiones ambientales, recursos administrativos y sentencias judiciales desde su ingreso al sistema de evaluación, configurando uno de los procesos más prolongados del sector minero en Chile.
La resolución que adopte la Corte Suprema será determinante para definir si se restablece el procedimiento previo ante el Tribunal Ambiental o si se mantiene la anulación dictada por la Corte de Apelaciones. El caso mantiene impacto en la Región de Coquimbo, tanto por el volumen de inversión comprometida como por las proyecciones de empleo asociadas al proyecto.