- La estatal chilena se sumó como tercero independiente en la demanda interpuesta por Eramet, acusando que las servidumbres mineras solicitadas afectan directamente el desarrollo del proyecto Salares Altoandinos junto a Rio Tinto.
La pugna por el litio chileno entró en terreno judicial. ENAMI y su filial Enali se incorporaron como terceros en la demanda presentada por la francesa Eramet ante el 1° Juzgado de Letras de Copiapó, que busca constituir servidumbres mineras en los salares Aguilar, La Isla y Agua Amarga, en la Región de Atacama. La estatal acusa que las acciones legales de la compañía europea apuntan a interferir en el proyecto de litio Salares Altoandinos, considerado estratégico dentro de la Estrategia Nacional del Litio.
El litigio se enmarca en un escenario de redefinición del rol del Estado en la industria del litio. Mientras ENAMI avanza en la conformación de su sociedad con Rio Tinto para operar el bloque Salares Altoandinos, Eramet sostiene que sus concesiones —inscritas con anterioridad— le otorgan derecho a solicitar servidumbres de ocupación y tránsito sobre los terrenos donde actualmente se proyecta el desarrollo estatal.
Fuentes judiciales confirmaron que las tres demandas de Eramet se encuentran en tramitación y buscan el reconocimiento de servidumbres sobre sectores específicos que, según ENAMI, se superponen con los polígonos considerados en el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) del bloque Altoandinos.
En respuesta, la estatal presentó escritos ante el tribunal argumentando que las acciones de Eramet “persiguen obstaculizar un proyecto de interés nacional”, al invocar derechos que no aplican sobre un mineral no concesible.
Desde la perspectiva de ENAMI, el caso no solo involucra un conflicto jurídico, sino también una cuestión de soberanía productiva. Enali, su filial dedicada al litio, fue mandatada por el Estado para operar proyectos bajo un modelo público-privado, en el cual la conducción técnica y estratégica permanece en manos de la estatal. La elección de Rio Tinto como socio, anunciada en mayo de 2025, consolidó esa línea de trabajo, con una inversión proyectada de US$ 3.000 millones y uso de tecnologías limpias de extracción directa (DLE).
Eramet, en cambio, ha defendido su posición señalando que la adquisición de concesiones mineras en la zona —evaluadas en unos US$ 95 millones— fue realizada bajo un marco legal válido y que sus derechos deben resguardarse frente a cambios regulatorios. La firma francesa, que también desarrolla operaciones de litio en Argentina, considera que las nuevas restricciones impuestas por la Estrategia Nacional del Litio crean incertidumbre jurídica para inversionistas internacionales.
Más allá de su dimensión judicial, el enfrentamiento entre Eramet y ENAMI refleja un momento de inflexión para la política minera chilena. Por primera vez, un proyecto estatal de litio se enfrenta a un actor privado extranjero con derechos previos sobre el mismo territorio, evidenciando las tensiones entre la nueva gobernanza pública y la herencia de concesiones tradicionales.
En la Región de Atacama, donde confluyen yacimientos de cobre, oro y litio, la disputa abre un debate mayor: ¿cómo equilibrar el impulso estatal de control estratégico con la necesidad de inversión privada y estabilidad regulatoria?
El resultado de este proceso judicial —y el criterio que adopten los tribunales sobre la naturaleza de las servidumbres en terrenos fiscales ligados al litio— marcará un precedente para todos los proyectos futuros bajo la Estrategia Nacional del Litio.
Desde el punto de vista territorial, Atacama emerge nuevamente como epicentro de la transición energética, pero también como terreno de prueba para la articulación entre sostenibilidad, gobernanza y legitimidad social. En ese contexto, la resolución del caso Eramet-ENAMI será un indicador del rumbo que adoptará Chile en su aspiración de liderar la producción de litio con valor agregado y desarrollo regional.
