- El 70 % de los pequeños productores mineros opera mediante contratos de arriendo, y uno de cada cinco lo hace directamente con Enami, fortaleciendo la formalización del sector en regiones como Tarapacá y Antofagasta.
Enami confirmó que cerca del 70 % de los pequeños productores mineros del país desarrolla sus operaciones bajo contratos de arriendo de concesiones, y que alrededor del 20 % de ellos lo hace directamente con la estatal. Esta modalidad se ha convertido en una herramienta clave para facilitar el acceso a yacimientos, promover la formalización y aumentar la competitividad de la pequeña minería en el norte de Chile, donde la propiedad minera se concentra en pocas manos.
Según datos de la empresa, el 75 % de la superficie del norte del país se encuentra bajo pedimento minero y solo veinte operadores concentran cerca del 80 % de esa propiedad. En este contexto, los contratos de arriendo impulsados por Enami han permitido abrir oportunidades para pequeños productores que antes no podían acceder a faenas activas o terrenos con potencial económico.
El vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, destacó que “poner las concesiones de Enami a disposición de la pequeña minería mediante arriendos preferenciales es una manera concreta de fomentar la formalización y la competitividad del sector”. A través de este modelo, productores de menor escala pueden trabajar bajo condiciones más estables, con respaldo técnico y regulatorio, y con acceso a plantas de procesamiento de la propia empresa.
Además, Enami ha establecido alianzas estratégicas con compañías como SQM, Teck Resources y Compañía Minera del Pacífico (CMP), las cuales ceden parte de sus concesiones a pequeños productores formalizados mediante subarriendos supervisados. Estas iniciativas permiten aprovechar infraestructura existente y extender los beneficios del desarrollo minero a nuevas zonas de interés regional.
En regiones como Tarapacá y Antofagasta, donde la actividad extractiva es parte del tejido productivo local, el modelo de arriendo se proyecta como un mecanismo para fortalecer la gobernanza territorial. Pequeñas asociaciones mineras han comenzado a acceder a terrenos con potencial productivo, impulsando el empleo, la inversión local y la sostenibilidad de largo plazo.
El desafío, según especialistas, estará en asegurar condiciones justas de arriendo, financiamiento adecuado y acompañamiento técnico continuo, para que la expansión de esta política pública consolide una minería de menor escala más formal, segura y sustentable.