- Por Ignacio Prieto, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá
La promulgación de la Ley que reconoce y mejora las condiciones laborales de los recolectores y recolectoras de residuos domiciliarios representa un paso significativo en la construcción de un Chile más justo y digno. Se trata de un reconocimiento largamente esperado por miles de trabajadoras y trabajadores que, con esfuerzo, compromiso y sacrificio, garantizan día a día un servicio esencial para el bienestar de todas y todos: mantener limpias nuestras ciudades.
El Presidente Gabriel Boric lo dijo con claridad: “los mínimos hay que cumplirlos, y durante mucho tiempo los mínimos no se cumplían”. Y esa frase resume el espíritu de esta ley. No se trata de un privilegio, sino de justicia. Porque ningún trabajador o trabajadora debería ejercer su labor en condiciones de riesgo, sin acceso a servicios básicos o sin el reconocimiento de la importancia de su función.
Con esta ley, más de 21 mil personas en Chile —entre trabajadores municipales y privados— verán mejoradas sus condiciones laborales y de salud. Se establece, entre otros avances, que en las licitaciones se prioricen las ofertas que entreguen mejores sueldos y condiciones, se garantiza el acceso a servicios sanitarios, espacios de descanso e higiene, y se incorpora la obligación de capacitaciones y protocolos de prevención de riesgos laborales, reconociendo además el carácter de trabajo pesado de estas funciones.
Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nuestro compromiso es claro: avanzar hacia un país donde el Trabajo Decente sea la norma, no la excepción. Donde cada persona, sin importar su oficio, cuente con derechos, seguridad y dignidad.
En Tarapacá son 250 los beneficiarios de esta ley que tiene un valor especial. Porque sabemos del esfuerzo de las y los recolectores que trabajan en condiciones extremas, bajo el sol del desierto o en las madrugadas, cumpliendo una labor silenciosa pero esencial para nuestra vida cotidiana. Hoy, ese trabajo tiene por fin el reconocimiento que merece.
Promulgar esta ley no es solo un acto administrativo. Es una señal de país: de respeto, de justicia y de humanidad.
Porque dignificar el trabajo es dignificar la vida.