- Tratado Minero entre Argentina y Chile abre conflicto en torno al proyecto Vicuña de BHP.
Empresas de servicios mineros en San Juan levantaron la voz. Acusan que, bajo el amparo del Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito entre Argentina y Chile en 1997, firmas chilenas están ganando contratos en el proyecto binacional Vicuña en condiciones más favorables que las locales. La diferencia de costos, simplificación tributaria y operativa, así como el acceso a personal y proveedores desde el otro lado de la cordillera, han encendido la preocupación en el ecosistema minero argentino, que teme un desplazamiento sistemático de su cadena de valor.
Vicuña —que incluye proyectos como Filo del Sol y Josemaría, en la provincia de San Juan— se desarrolla bajo un marco legal binacional que permite a las empresas operar con trato nacional en ambos países. Esto, que en su momento fue un hito de integración minera, hoy es cuestionado por las asimetrías generadas tras más de dos décadas sin actualizaciones al tratado. A juicio de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI), esta situación está generando un serio problema de competitividad para las pymes argentinas.
“No nos sienta bien la contratación de proveedores mineros chilenos en Vicuña… es complejo competir con los precios trasandinos”, afirmó Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI. La diferencia, según datos gremiales, puede llegar hasta un 50 % en algunos rubros, especialmente en logística, mantenimiento y provisión de insumos, donde las empresas chilenas operan con menores cargas fiscales y una estructura de costos más eficiente.
Además del impacto económico, se suma el social: las empresas contratistas argentinas denuncian una pérdida progresiva de puestos de trabajo y oportunidades para profesionales técnicos, operadores y trabajadores de la región. En un contexto donde se espera que la minería sea un motor de desarrollo territorial, el uso masivo de contratistas extranjeros bajo protocolos binacionales genera tensiones que ni el gobierno nacional ni la autoridad minera provincial han logrado mitigar del todo.
Las críticas no apuntan al espíritu integrador del tratado, sino a su falta de revisión. Desde 1997, los cambios en el contexto económico, las políticas públicas y el fortalecimiento del ecosistema minero argentino han sido sustanciales. San Juan ya no es un actor pasivo, sino una provincia minera con infraestructura, proveedores calificados y políticas activas de contenido local.
Frente a este escenario, distintas voces han planteado la urgencia de revisar el marco vigente. Propuestas como establecer mínimos obligatorios de contratación local, crear un registro binacional de proveedores con igualdad de condiciones, o aplicar criterios de reciprocidad en la contratación, son parte de una agenda que comienza a empujar desde el sector privado. También se mencionan mecanismos de transparencia y monitoreo de contratos, como ya ocurre en otros sectores estratégicos del país.
El proyecto Vicuña, de gran potencial económico, se transforma así en el epicentro de un debate mayor: ¿cómo equilibrar integración regional con desarrollo local? La respuesta no parece estar en volver atrás, sino en ajustar las reglas para asegurar que la minería binacional no sólo conecte territorios, sino también genere valor compartido.
