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Bajo la coordinación de la subsecretaría del Interior se constituyó el día de ayer, la Mesa Nacional para la Prevención y el Control del Robo de Cobre. El objetivo de la instancia, liderada por el subsecretario Manuel Monsalve y conformada por autoridades, reparticiones públicas y representantes del sector privado, es trabajar de manera coordinada para enfrentar los actos ilícitos que afectan a la infraestructura de telecomunicaciones, y las diversas manifestaciones delictivas que ha adquirido.
Para el presidente ejecutivo de ChileTelcos, Alfie Ulloa, el foco está en el impacto negativo que genera el robo de cables y los cortes intencionales de fibra óptica en la vida cotidiana de las personas. “Estos actos generan afectaciones a las redes que dejan a personas, empresas e instituciones públicas desconectadas, imposibilitadas de realizar actividades tan habituales como sacar un certificado de nacimiento, hacer una transferencia de fondos, pagar con tarjeta o coordinar semáforos”, explicó.
Ulloa valoró la instancia, y relevó el compromiso del Gobierno con la seguridad pública. “Es evidente que tenemos bandas organizadas que roban y trafican con cobre y otros implementos de las redes, y al crimen organizado hay que enfrentarlo de manera también organizada. Pero es también importante que los vecinos y las municipalidades estén atentos y reporten acciones sospechosas, que se fiscalizacen las chatarrerías y lugares de venta clandestina de cable de cobre y seguir con las acciones legales”, puntualizó.
ChileTelcos comenzó en junio la campaña “Cuidemos la red”, que entrega información relevante sobre el impacto que estos ilícitos tienen sobre la ciudadanía. Datos de ChileTelcos muestran que cerca del 80% de las interrupciones de servicio de Internet se deben al robo de cables. En los últimos tres años, las compañías socias de ChileTelcos han presentado más de 6.000 acciones legales por robos y corte intencional de sus redes. El robo de cables de cobre explica el 70% de los delitos denunciados, los cortes a la fibra óptica un 20%, mientras el resto corresponde a robo de paneles fotovoltaicos, baterías y generadores en antenas de telecomunicaciones.
