- El Ministerio de Minería enviará cinco nuevos contratos de litio a Contraloría en marzo, dinamizando proyectos en salares del norte de Chile mientras culmina el gobierno actual.
El Ministerio de Minería de Chile presentó un paquete de cinco contratos especiales de operación de litio (CEOL) para revisión de la Contraloría General de la República, con el objetivo de avanzar en la expansión de la industria más allá del Salar de Atacama, principal centro productivo nacional. La presentación está programada para marzo, pocos días antes del cambio de mando presidencial el 11 de marzo de 2026, en un contexto de aceleración normativa para sostener la Estrategia Nacional del Litio anunciada en 2023 por la actual administración.
Los contratos que se someterán a toma de razón de la Contraloría incluyen proyectos ubicados en salares del norte de Chile: Ascotán, Quillagua Sur, Hilaricos, Piedra Parada y Agua Amarga. Otros tres expedientes —Quillagua Norte, Quillagua Este y Planta El Águila— continúan bajo revisión por observaciones regulatorias tras objeciones previas por parte del organismo fiscalizador, que cuestionó aspectos del mecanismo de adjudicación y la competencia legal para fijar requisitos.
Adicionalmente, el ministerio avanza en dos contratos mediante adjudicación directa en Ollagüe y Laguna Verde, alternativa que busca diversificar la cartera de proyectos e incentivar la entrada de nuevos actores en fase exploratoria o de desarrollo temprano. El impulso de estos trámites responde a la necesidad de Chile de recuperar competitividad global en litio, sector donde ha sido superado por rivales con marcos regulatorios más dinámicos y agilidad en adjudicaciones.
La expansión proyectada en producción busca elevar la producción nacional desde aproximadamente 280 000 toneladas anuales actuales hasta cerca de 430 000 toneladas hacia 2034, aprovechando recursos en salares tradicionales y no explotados fuera de Atacama. La estrategia responde a fuertes presiones globales por suministros de minerales críticos para baterías y la transición energética, donde el litio es un componente central.
Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos: la Contraloría ya ha frenado adjudicaciones por deficiencias técnicas y legales en los expedientes, lo que obliga a ajustar procedimientos antes de su aprobación definitiva. Esto se produce en un momento de cambio institucional, con la administración saliente buscando consolidar iniciativas y la entrante que podría introducir nuevas prioridades regulatorias o enfoques en la gestión del recurso.
A nivel regional, estos proyectos impactan directamente a las comunidades y economías del norte grande de Chile —especialmente en las regiones de Tarapacá y Antofagasta— donde la apertura de nuevos contratos de litio podría potenciar inversión, empleo local especializado y encadenamientos productivos con industrias de valor agregado vinculadas a baterías y movilidad eléctrica, siempre bajo estrictos estándares ambientales y sociales.
La aceleración en la presentación de contratos de litio ante la Contraloría marca un hito operativo en la ejecución de la política minero–energética de Chile en 2026. La claridad regulatoria, la diversificación de proyectos fuera del Salar de Atacama y la capacidad de atraer nuevas inversiones serán factores determinantes para que el país pueda consolidar su posición en el competitivo mercado global de minerales críticos para la transición energética.