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Bajada: El Primer Tribunal Ambiental llevó a cabo tres jornadas de audiencia en la causa contra Quiborax S.A., empresa acusada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de provocar daño ambiental en el Salar de Surire. Durante las sesiones, expertos y testigos expusieron argumentos sobre el impacto ecológico de las faenas mineras, mientras que la empresa defendió la legalidad de sus operaciones.
El juicio ambiental contra Quiborax S.A., promovido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entró en una fase clave con la realización de las primeras audiencias en el Primer Tribunal Ambiental. La causa, que busca determinar el impacto de la explotación minera en el Salar de Surire, incluyó testimonios de expertos y funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes detallaron las presuntas afectaciones al ecosistema del salar.
Las audiencias comenzaron con un llamado a conciliación, en el que se informó que Quiborax presentó una nueva propuesta de acuerdo, actualmente en evaluación por el CDE y los organismos sectoriales competentes.
Durante las sesiones, el tribunal escuchó a 13 testigos, incluyendo la doctora Cristina Dorador, quien enfatizó la relevancia de los tapetes microbianos y las dinámicas hidrogeoquímicas del salar, recomendando incluir variables microbiológicas en los monitoreos ambientales. En la misma línea, funcionarios de Conaf describieron cambios ambientales desde el año 2000, atribuyéndolos a las faenas mineras. El fiscalizador Sandro Maldonado mencionó que las actividades mineras han afectado áreas sensibles, mientras que José Urrutia aseguró que desde 2022 ha constatado vulneraciones reiteradas a la normativa ambiental.
Desde el ámbito jurídico, el ex contralor Jorge Bermúdez argumentó que la acción del CDE podría estar prescrita y que la situación ya habría sido resuelta en un juicio anterior, calificándola como “cosa juzgada”. A su vez, el doctor en biología Manuel Contreras resaltó la importancia del salar para la reproducción de flamencos, afirmando que si bien hay impactos, el hábitat mantiene sus características ecológicas esenciales.
Argumentos de las partes El CDE sostiene que el daño ambiental se debe a las actividades extractivas de Quiborax, señalando que desde 1994 la empresa debió someter su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por ello, exige que la empresa adopte medidas de compensación, incluyendo restauración ecológica y biomonitoreo.
Por su parte, Quiborax argumenta que su actividad minera es legal, contando con permisos sectoriales y fiscalización constante del Estado. Afirma que la demanda del CDE es “infundada y arbitraria”, pues se basa en una confusión entre impacto ambiental y daño ambiental, insistiendo en que su operación es sostenible.
Medidas cautelares vigentes Desde septiembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental ordenó la paralización total de las operaciones de Quiborax en el Salar de Surire, debido a los riesgos ambientales identificados. Sin embargo, en octubre, la empresa obtuvo una autorización parcial para nivelar áreas intervenidas y retirar material acumulado. En diciembre, el tribunal extendió la medida cautelar hasta el 31 de mayo de 2025.
Próximos pasos Las audiencias continuarán el 24 y 25 de marzo, cuando declararán 9 nuevos testigos, incluyendo comuneros del Pastal de Surire y miembros de la Comunidad Ancestral del Salar de Surire y Caracota. Posteriormente, el tribunal evaluará la necesidad de diligencias adicionales antes de dictar sentencia.
