Tras una investigación que nació por una alerta en los Estados Unidos, país donde las principales víctimas transfirieron sumas de dinero a plataformas fraudulentas ubicadas principalmente en Iquique, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público desarrollaron operativo que extendió a otras regiones del país, con 49 detenidos, de los cuales 35 son chilenos y 14 son extranjeros, en su mayoría de nacionalidad china y el resto bolivianos, peruanos, venezolanos y ecuatorianos.
La Fiscalía de Tarapacá reveló que la red operaba principalmente desde Iquique y también de la Zona Franca, utilizando el sistema financiero chileno para ocultar dineros provenientes de estafas transnacionales, son en total 400 víctimas extranjeras, adultos mayores.
El Fiscal Nacional Ángel Valencia en Iquique dijo que la investigación surgió de la cooperación internacional entre el FBI y la PDI y le transmitieron la información a la Fiscalía, y se trata de e trata de ciudadanos norteamericanos y de otros países, que fueron víctimas de fraudes informáticos a través de inversiones en plataformas falsas, valiéndose de la estructura y las ventajas de la Zofri, para cometer estos delitos en Iquique a través del sistema financiero chileno, se estiman unos 200 millones de dólares el lavado dinero con asociación criminal.
La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que se tradta de una defraudación de ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, en especial en Banco Santander, para luego traspasar esos dineros de una empresa a otra no concretando las inversiones que las víctimas entendían se estaban haciendo.
Agregó que estas estafas están vinculadas a “personas de nacionalidades china y chilena, pertenecientes a bancos, entre estos un ex ejecutivo del Banco Santander, quien el año pasado fue desvinculado. “Ellos primero engañan a a las víctimas haciéndolas pensar que podían invertir en Chile en distintos activos y propiedades, e incluso realizando que tenían que bajar ciertas aplicaciones, a su vez señalaban que tenían que integrar el dinero a diferentes cuentas de empresas, aproximadamente 16, que fueron creadas con el solo objeto de defraudar a las víctimas, porque ni siquiera tenían iniciación de actividades, cuando las víctimas se daban cuenta, las aplicaciones desaparecían. Mientras que estas 16 empresas de un primer grupo transferían estos dinero rápidamente a 48 empresas más”.
Esta estructura en Chile contaba con asesores contables y profesionales del ámbito bancario y financiero que intervenían en la creación masiva de sociedades de papel y en la gestión de cuentas chilenas o extranjeras; y también comerciantes informales, trabajadores de bajos ingresos o jóvenes sin trayectoria empresarial que figuraban como socios o representantes legales de las sociedades, quienes eran utilizados para la apertura de cuentas y cobro de cheques.