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En la última década, al menos 2.016 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en el mundo por proteger sus territorios y ecosistemas, según el último informe de Global Witness. Por esta causa 196 personas perdieron la vida en 2023, casi la mitad de ellas indígenas o afrodescendientes. América Latina concentra el 85% de estos crímenes, consolidándose como la región más peligrosa para quienes ejercen la defensa ambiental, en un contexto de expansión de actividades extractivas, muchas de ellas ilegales y sin regulación efectiva.
En este preocupante escenario, se desarrolló el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en Basseterre, Saint Kitts y Nevis, la semana pasada. El evento reunió a representantes estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales con el objetivo de avanzar en la implementación del Plan de Acción para Personas Defensoras e impulsar la construcción de una guía para la transversalización de género en el marco del Acuerdo de Escazú.
“Es necesario proporcionar apoyo psicológico y acompañamiento legal a las familias y sobrevivientes de personas defensoras asesinadas. Muchas veces las mujeres quedan viudas y con hijos e hijas menores de edad, sin ninguna protección ante posibles represalias”, indicó en su intervención en el foro, Dina Juc, autoridad indígena de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosues (AMPB) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI).
Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador de la COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, y miembro de ALADTI, denunció la falta de respuestas por parte de los Estados.
“A los pueblos nos toca organizarnos porque hay una ausencia del Estado en la aplicación de normativas de protección. Un líder indígena no tiene la misma protección que un funcionario público o un artista. Cuando atacan a un indígena, es como si fuera uno más”, expresó.
El informe de Global Witness 2023-2024 destaca especialmente la situación en Colombia, país que encabeza la lista con 79 asesinatos, la cifra más alta registrada en un solo país desde que se lleva a cabo este monitoreo. Le siguen Brasil (25), México y Honduras (18 cada uno), y Filipinas (17). De los 18 países donde se documentaron estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina.
En Perú, se han reportado 35 defensores asesinados en los últimos diez años, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En Chile, aunque los asesinatos son menos frecuentes (3 desde 2012), el Instituto Nacional de Derechos Humanos advierte sobre 238 conflictos socioambientales activos, muchos relacionados con minería y energía.
En esa línea, Óscar Daza, representante de la organización indígena OPIAC de Colombia y miembro de ALADTI, propuso avanzar hacia una representación directa en los espacios de decisión del Acuerdo de Escazú.
“Los pueblos indígenas proponemos que, en las próximas elecciones de los representantes electos del público, se garantice un cupo para un representante indígena. Esto permitiría adoptar medidas afirmativas para combatir desigualdades históricas y sistémicas, asegurar prácticas culturalmente adecuadas y dar voz a quienes han sido criminalizados, hostigados y perseguidos por su labor en defensa de los derechos humanos y ambientales”, señaló.
En representación de la sociedad civil peruana y como miembro de la Red Regional Escazú Ahora, participó la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía.
La ALADTI reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la participación de los pueblos indígenas en espacios clave, como la elaboración del diagnóstico regional sobre la situación de personas defensoras. (Ong DAR)
Un hito relevante en este proceso será la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en agosto en Ciudad de México. (Ong DAR)
