Por los delitos de contrabando y/o receptación aduanero, y uso malicioso de instrumento público falso fueron formalizadas 40 personas con residencia en distintas ciudades del país, que habrían participado en la obtención fraudulenta del beneficio tributario conocido como Partida 0033, que permite a quienes han vivido en el extranjero, ingresar vehículos usados a Chile.
Los imputados fueron identificados luego de una extensa investigación llevada adelante por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía de Tarapacá, Eduardo Ríos, y la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones, la cual detectó que se estaban ingresando en forma irregular al país vehículos extranjeros usados, utilizando un beneficio que sólo pueden obtener las personas que han residido por varios años fuera del territorio nacional.
Durante esta investigación se incautaron 45 vehículos, con un avalúo aduanero que supera los 237 millones de pesos.
En la audiencia, la abogada asistente de la Unidad Kelly Pérez, junto a la abogado querellante de Aduanas, Jenny Contreras, explicó que el año 2015 los imputados habrían hecho mal uso de la franquicia de la partida 0033 del arancel aduanero, ya sea como titulares de la franquicia que vendieron sus cupos a terceros que no cumplían los requisitos, o como quienes adquirieron los vehículos sin tener derecho a dicho beneficio. Para esto los imputados presentaban al momento de la solicitud de la franquicia ante el Servicio Nacional de Aduanas, documentación falsa consistente en declaraciones juradas de domicilios de supuesta radicación definitiva y certificado de viajes que daban cuenta de movimientos migratorios inexistentes.
A juicio de la Fiscalía estos hechos constituyen los delitos de contrabando y/o receptación aduanera y uso malicioso de instrumento público falso, formalizando a los 40 imputados que se presentaron a la audiencia que se realizó por zoom, ya que otras 18 personas no asistieron y se fijó una nueva fecha para ellas.
En la misma audiencia, 20 personas aceptaron la suspensión condicional del procedimiento, con la condición de que se efectúe el remate de 14 vehículos de alta gama en favor de Aduanas. De igual forma, cuatro imputados aceptaron realizar un acuerdo reparatorio con el Servicio de Aduanas en calidad de víctima, consistente en el pago del valor aduanero de los vehículos involucrados en sus delitos y el pago de los derechos e impuestos dejados de percibirse. En total, los acuerdos implicaron un pago de casi 33 millones de pesos por tres vehículos.
El resto de los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Corresponsales 
Diana Leyton Valdivia 